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Hombre de cabello rizado y gafas sentado en una silla frente a un micrófono con fondo rojo y una bandera detrás
POLÍTICA

Este es el futuro que le espera al fiscal general del Estado tras haber sido condenado

Esta condena podría suponer su expulsión de la Carrera Fiscal para siempre

El fiscal general del Estado sigue siendo tema de conversación. El pasado jueves, Álvaro García Ortiz fue condenado por un delito de revelación de secretos.

Como consecuencia, el fiscal deberá asumir una inhabilitación especial de dos años para ejercer el cargo de Fiscal General del Estado. Durante ese periodo, García Ortiz no podrá desempeñar esa función ni ejercer las atribuciones asociadas a ella.

Esta situación ha generado dudas sobre cuál será el futuro de García Ortiz tras haber sido condenado. A pesar de que aún no hay nada confirmado, hay varias teorias. Esta condena podría suponer su expulsión de la Carrera Fiscal para siempre.

Un hombre con gafas y traje oscuro habla en un micrófono en un entorno formal.

Según el artículo 32 del Reglamento del Ministerio Fiscal, la condición de fiscal se puede perder. Esto, tras una condena con "pena principal o accesoria de inhabilitación para cargo público o condena por delito doloso". Es decir, habiendo cometido un delito sabiendo de su ilicitud.

La sentencia

Además de la inhabilitación, García Ortiz deberá hacer frente a una multa de 12 meses, con una cuota diaria de 20 euros.

Hombre de traje oscuro y corbata verde posando frente a un tapiz decorativo con figuras históricas

El tribunal le obliga además a pagar las costas procesales, incluidas las de la acusación particular. A ello se suma una responsabilidad civil: deberá indemnizar con 10.000 euros a Alberto González Amador por los daños morales causados.

La condena abre un escenario complejo en la cúpula del Ministerio Fiscal. El fallo deja en el aire la continuidad de García Ortiz y obligará al Gobierno a valorar los próximos pasos. El caso también tiene repercusión política, dado que afecta directamente a la figura responsable de dirigir la acción del Ministerio Fiscal en todo el país.

El Supremo subraya que la revelación de datos reservados constituye un ataque a la confidencialidad que debe regir la actuación judicial y fiscal. Con esta decisión, el alto tribunal envía un mensaje claro sobre los límites legales de quienes ejercen responsabilidades públicas.

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