Este es el futuro que le espera al fiscal general del Estado tras haber sido condenado
El fiscal general del Estado sigue siendo tema de conversación
porGonzalo Pinilla
politica
Esta condena podría suponer su expulsión de la Carrera Fiscal para siempre
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El fiscal general del Estado sigue siendo tema de conversación. El pasado jueves, Álvaro García Ortiz fue condenado por un delito de revelación de secretos.
Como consecuencia, el fiscal deberá asumir una inhabilitación especial de dos años para ejercer el cargo de Fiscal General del Estado. Durante ese periodo, García Ortiz no podrá desempeñar esa función ni ejercer las atribuciones asociadas a ella.
Esta situación ha generado dudas sobre cuál será el futuro de García Ortiz tras haber sido condenado. A pesar de que aún no hay nada confirmado, hay varias teorias. Esta condena podría suponer su expulsión de la Carrera Fiscal para siempre.
García Ortiz borra el contenido de su teléfono
Según el artículo 32 del Reglamento del Ministerio Fiscal, la condición de fiscal se puede perder. Esto, tras una condena con "pena principal o accesoria de inhabilitación para cargo público o condena por delito doloso". Es decir, habiendo cometido un delito sabiendo de su ilicitud.
La sentencia
Además de la inhabilitación, García Ortiz deberá hacer frente a una multa de 12 meses, con una cuota diaria de 20 euros.
El fiscal general del Estado se encuentra a la orden del día
El tribunal le obliga además a pagar las costas procesales, incluidas las de la acusación particular. A ello se suma una responsabilidad civil: deberá indemnizar con 10.000 euros a Alberto González Amador por los daños morales causados.
La condena abre un escenario complejo en la cúpula del Ministerio Fiscal. El fallo deja en el aire la continuidad de García Ortiz y obligará al Gobierno a valorar los próximos pasos. El caso también tiene repercusión política, dado que afecta directamente a la figura responsable de dirigir la acción del Ministerio Fiscal en todo el país.
El Supremo subraya que la revelación de datos reservados constituye un ataque a la confidencialidad que debe regir la actuación judicial y fiscal. Con esta decisión, el alto tribunal envía un mensaje claro sobre los límites legales de quienes ejercen responsabilidades públicas.
