La noticia ha sido recibida con satisfacción por parte de numerosos ciudadanos
El fiscal general del Estado se ha convertido en el centro de atención este jueves. La Sala II del Tribunal Supremo ha condenado a Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de datos reservados.
Según ha podido conocer EDATV, la noticia ha sido recibida con satisfacción por parte de numerosos ciudadanos. Sin embargo, algunos consideran que la pena impuesta resulta insuficiente.
La resolución establece una multa de 12 meses, con una cuota diaria de 20 euros. Junto a esto, una inhabilitación especial de dos años que le impide ejercer el cargo de fiscal general y las funciones vinculadas al mismo durante ese periodo.
Además, el Supremo le impone el pago de las costas judiciales —incluidas las correspondientes a la acusación particular— y una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador por los daños morales ocasionados.
Contará con dos votos particulares de las magistradas Ana María Ferrer García y Susana Polo García, que discrepan del criterio mayoritario. Sus argumentos se conocerán cuando la sentencia completa sea publicada.
La condena genera un escenario incierto en la dirección del Ministerio Fiscal. La continuidad de García Ortiz queda en duda y el Gobierno deberá decidir cómo proceder. Asimismo, el caso tiene un evidente impacto político al afectar a la figura encargada de coordinar la actuación del Ministerio Fiscal en todo el país.
El Tribunal Supremo destaca que revelar datos reservados vulnera la confidencialidad que debe guiar la labor judicial y fiscal. Con este fallo, el alto tribunal remarca los límites legales que deben respetar quienes ocupan responsabilidades públicas.
