Este es el dineral que Bolaños se gasta en una fracasada App

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha caracterizado por extravagantes gastos que no benefician de ninguna manera a los españoles. Recientemente, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, gastó más de 120.000 euros en una aplicación para móviles que ha sido todo un fracaso.

Se trata de Carpeta Justicia, una aplicación para acceder a sistema judicial que ha costado al Estado 128.000 euros, aproximadamente, nueve años de trabajo de una persona con salario mínimo. El aplicativo solo fue descargado por 400 personas, pero el 97% decidió eliminarla. La puntuación que tiene en las plataformas de descargas no superan los 3 puntos. 

En la página web explican que la Carpeta Justicia es una nueva plataforma digital creada para agilizar y mejorar la comunicación. Esto, entre ciudadanos, empresas, profesionales del derecho y la Administración Judicial en España. Disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, esta herramienta permite gestionar trámites judiciales y acceder a información legal de forma segura y eficiente desde cualquier lugar.

Asimismo, explican, esta iniciativa busca hacer la justicia más accesible y moderna, facilitando la interacción con el sistema judicial sin necesidad de desplazamientos. La plataforma está dirigida tanto a ciudadanos que necesiten realizar trámites personales, como a personas jurídicas, representantes de empresas u organizaciones. También pueden utilizarla profesionales del derecho, como abogados, procuradores y graduados sociales, optimizando así su labor en los procedimientos judiciales.

Lo cierto es que,  hasta el momento,  la aplicación del Ministerio de Bolaños ha sido todo un fracaso que ha costado un dineral a los contribuyentes. Pero no es el primer gasto excesivo del Gobierno de Pedro Sánchez, que no tiene como objetivo beneficiar a toda la población. 

Denuncian a Bolaños por supuestamente compaginar su cargo de ministro y de abogado 

Félix Bolaños se encuentra acorralado. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha sido denunciado por un ciudadano. Lo ha hecho ante el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y la Oficina de Conflictos de Intereses.

Así lo confirma The Objective. Se trata de una denuncia presentada el pasado 17 y que señala una posible incompatibilidad entre su labor como abogado en ejercicio y su cargo en el Gobierno. Según el denunciante, esta situación podría contravenir diversas normativas.

Por ejemplo, la ley que regula los altos cargos de la Administración General del Estado, el Estatuto General de la Abogacía y el Código Deontológico. Ante esto, solicita que, si no existe una autorización que permita dicha compatibilidad, se abra un expediente disciplinario contra el ministro.

Supuestamente, "según el Censo Oficial de Letrados de la Abogacía Española, el señor Félix Bolaños García figura actualmente como abogado ejerciente en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). Con número de colegiado 64936, en situación de ejerciente desde el 19 de enero de 1999, con residencia profesional en la sede del Banco de España en Madrid (calle Alcalá, 48)".

Supuestamente, según el denunciante, al ostentar el cargo de ministro, debería estar sujeto a una dedicación exclusiva.

Esto debido a su puesto de alto nivel en la Administración General del Estado. Esto implicaría que no podría desempeñar ninguna otra actividad profesional. Salvo que existiera una autorización expresa para ello, la cual, en este caso, no se ha presentado.

En su denuncia, el denunciante desglosa las posibles infracciones de las normativas. La primera legislación que podría haberse infringido es la Ley del Gobierno 50/1997, de 27 de noviembre.

El artículo 14.1 establece que el ejercicio de un cargo en el Gobierno es incompatible con cualquier otra actividad profesional o empresarial. Esto a menos que se cuente con una autorización explícita contemplada por la ley.

Una segunda posible infracción se encuentra en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, que regula el ejercicio de los altos cargos en la Administración General del Estado. Según esta ley, el artículo 13.1 establece que los altos cargos deben desempeñar su función de manera exclusiva. Lo que es incompatible con cualquier otra actividad, ya sea pública o privada. 

El artículo 16 señala que los altos cargos deben declarar sus actividades ante la Oficina de Conflictos de Intereses en un plazo de dos meses. Así lo señala el medio mencionado.

También, el medio menciona la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, que regula la transparencia, el acceso a la información pública y el buen gobierno. Asimismo, se hace referencia al Estatuto General de la Abogacía Española. En el artículo 18.3 se establece que, en caso de cesar una incompatibilidad, el abogado debe formalizar su baja como ejerciente.