Este es el atajo que ha colado Sánchez para colocar a afines en la administración

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha plantado cara a Sánchez. Ha sido uno de los principales gremios de la Administración General del Estado en expresar su desacuerdo con algunas de las medidas tomadas por el gobierno de Pedro Sánchez.

En particular, han criticado lo que consideran “inadmisible”. Y es que el pasado 30 de abril, en pleno puente festivo en muchos lugares de España y con la urgencia de aprobar el componente 11 del Plan de Recuperación. Este se centra en la modernización de la Administración Pública, el Ejecutivo aprobó en el Consejo de Ministros una nueva orden (TDF/379/2024). Sin embargo, no se proporcionó información previa ni se mencionó en la rueda de prensa posterior. Posteriormente, se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Se recoge la disposición de que un puesto directivo en la Administración podría ser ocupado por una persona que no sea parte de ningún cuerpo funcionarial. Según el IHE, esto es algo inédito en nuestra Administración pública y podría considerarse un “enchufe”.

La orden establece que, en los casos en que el personal directivo público pueda tener un régimen jurídico de personal laboral (es decir, no ser funcionario), no será necesario cumplir con el requisito de ser funcionario de carrera del Estado. Tampoco de las comunidades autónomas o las entidades pertenecientes al grupo A1. Sin embargo, se deberá acreditar el mismo nivel de titulación.

Esta disposición ha generado controversia, ya que parece contradecir el Real Decreto-Ley 6/2023, que se basa en la Ley 40/2015. Establece que los subdirectores generales (un puesto dentro de los órganos directivos) deben ser nombrados respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad, y deben ser funcionarios de carrera.

Ana de la Herrán, inspectora de Hacienda del Estado y nueva presidenta de la IHE, ha criticado la actuación del Gobierno en este sentido. Ha argumentado que la figura del directivo público regulada no cumple con los estándares mínimos de la OCDE en materia de dirección pública. Además, señala que esta disposición no solo excluye a quienes tienen la categoría de directores generales, secretarios de estado o subsecretarios. También amplía la politización de la Administración al contemplar como directivos a personas con rango pero sin ser funcionarios.