Estas son las nuevas revelaciones que afectan a Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado continúa avanzando en la investigación abierta contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Esta semana  se celebrará una nueva ronda de declaraciones en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.

Las testificales se han concentrado para el próximo miércoles 28 de mayo, cuando deberán comparecer varias figuras clave. Entre ellas el expresidente de Indra y actual presidente ejecutivo de Telefónica, Marc Murtra, y el excoordinador de Personal de Moncloa, Raúl Díaz.

Estas declaraciones se enmarcan en las pesquisas sobre la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid que codirigió Begoña Gómez, así como sobre el nombramiento de su asesora Cristina Álvarez.

El magistrado investiga si existieron irregularidades en la financiación del software desarrollado en el entorno del máster de Transformación Social Competitiva.

Este programa fue impulsado con apoyo económico de empresas como Google, Indra  y Minsait, la filial tecnológica de esta última.

Un segundo interrogatorio para Raúl Díaz

Raúl Díaz ya compareció como testigo el pasado 14 de mayo, cuando también fue interrogado como investigado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

En aquella ocasión, Díaz aseguró no haber tenido competencias para contratar a Cristina Álvarez. Además, aseguró también no tener conocimiento sobre el contenido del certificado de funciones remitido por Moncloa.

Esa falta de precisión llevó al juez a citarlo nuevamente. En esta segunda comparecencia deberá aportar la información que el magistrado le solicitó recabar. Todo ello, con el objetivo de aclarar quién redactó ese certificado y con qué finalidad se tramitó.

Díaz ocupaba el cargo de coordinador de Personal de Moncloa en 2018, cuando Cristina Álvarez fue nombrada asesora de Begoña Gómez. Una figura que no formaba parte oficialmente de la estructura del Gobierno.

El nombramiento de esta asesora y las posibles irregularidades en su incorporación forman parte de una de las líneas clave del procedimiento. El juez trata de determinar si existió algún tipo de malversación o utilización indebida de recursos públicos.

Empresas tecnológicas bajo la lupa judicial

El segundo eje de la investigación está relacionado con la financiación de una herramienta tecnológica desarrollada dentro del máster codirigido por Gómez.

Para profundizar en esta línea, el juez tomará declaración esta semana a varios responsables de las empresas que financiaron el proyecto.

Entre los citados se encuentran Marc Murtra, actual presidente ejecutivo de Telefónica; Fernando Abril-Martorell, anterior presidente de Indra; y Manuel Ausaverri Ferrer, director de estrategia e innovación de la misma empresa.

También comparecerán un directivo de Google Cloud y un comunicador que habría estado al tanto de los trabajos desarrollados en colaboración con la cátedra.

El proyecto consistía en una plataforma digital destinada a impulsar a pequeñas y medianas empresas. Según las acusaciones, estas colaboraciones pudieron haber servido para proyectar la carrera profesional de Begoña Gómez a través de influencias y relaciones privilegiadas.

En este contexto, ya han declarado varios responsables y empleados de Google, Indra y Minsait. Las comparecencias más recientes se produjeron también el pasado 14 de mayo.

El magistrado Peinado investiga a Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo.

También figuran como imputados su asesora Cristina Álvarez, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y el empresario Juan Carlos Barrabés.

La Audiencia Provincial de Madrid ha limitado en varias ocasiones el alcance de la instrucción. En un auto reciente, redujo el foco exclusivamente a las supuestas contraprestaciones recibidas por la esposa del presidente a cambio de influencias.

El avance de esta instrucción podría tener consecuencias políticas de gran calado. Todo dependerá de lo que arrojen las declaraciones previstas para esta semana, en las que Peinado espera esclarecer si hubo uso indebido de recursos públicos.