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Un hombre con capucha camina frente a un edificio con el letrero "Audiencia Nacional".
POLÍTICA

Estas son las empresas implicadas en el escándalo de comisiones señalado por Aldama

Según el escrito estas comisiones se vinculaban a contratos de obra pública pre-adjudicados

La defensa de Víctor de Aldama presentó documentos ante el Tribunal Supremo, acusando a constructoras de pagar comisiones ilegales. Según el escrito del abogado José Antonio Choclán, estas comisiones se vinculaban a contratos de obra pública pre-adjudicados.

El listado presentado señala proyectos licitados en 2021, durante la gestión de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes. Los documentos incluyen una lista de contratos resaltados en colores, que presuntamente revelan adjudicaciones irregulares.

Entre las empresas citadas está  Lantania S.A.U., responsable de obras de demolición en la calle Juan Pérez Zúñiga de Madrid. Otra constructora mencionada es Levantina Ingeniería y Construcción S.L., que participó en obras del Club de Natación de Sevilla.

Ortiz, Construcciones y Proyectos S.A. aparece como adjudicataria de obras en San Agustín de Guadalix, en UTE con Lantania. Aldama asegura que estas compañías colaboraron en proyectos a cambio de favores relacionados con adjudicaciones del Ministerio.

Los contratos se habrían diseñado para favorecer a empresas específicas a cambio de pagos encubiertos, según el empresario.

Contratos subrayados en colores para identificar adjudicaciones

El empresario entregó documentos con contratos subrayados: los marcados en rosa representaban adjudicaciones ya asignadas. Los contratos en verde indicaban posibles adjudicaciones futuras, según la confesión de Aldama ante la justicia.

Aldama también incluyó evidencias de anotaciones manuscritas que podrían pertenecer a José Luis Ábalos o sus asesores cercanos. El empresario señaló que estas empresas abonaron comisiones o realizaron obras gratuitas como parte de estos acuerdos.

Una tabla de los Presupuestos Generales del Estado de España que muestra un anexo de inversiones reales y programación plurianual del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con detalles de proyectos, años, costos y previsiones presupuestarias.

Entre las pruebas entregadas, Aldama describió una operación para adquirir un inmueble en Paseo de la Castellana. El contrato de arrendamiento con opción a compra se habría firmado en abril de 2019, con un valor de 1,9 millones de euros.

Aldama afirmó que este esquema se usó también en la compra de un chalet en Cádiz relacionado con Ábalos.

Empresas y mediaciones bajo sospecha

El empresario aseguró que estas constructoras participaron en proyectos con mediación suya para asegurar las adjudicaciones. La documentación detalla que, además de los pagos, las empresas realizaban trabajos en favor de Aldama sin recibir contraprestaciones.

Estas obras, según el empresario, eran "retribuciones encubiertas" por su intervención ante el Ministerio de Transportes.

 Aldama señaló directamente al exministro Ábalos y sus asesores como los responsables de gestionar las adjudicaciones. Mencionó nombres como Koldo García, asesor cercano, quien habría facilitado las negociaciones con las empresas constructoras.

En el documento, Aldama reafirma que Ábalos no tenía la capacidad económica para adquirir los inmuebles mencionados. Las comisiones ilegales, según el empresario, garantizaban estos pagos, eliminando la necesidad de ejecutar el contrato.

Un hombre con barba y gafas habla en un micrófono durante una conferencia.

La investigación del Tribunal Supremo busca confirmar si estas empresas efectivamente pagaron comisiones ilegales. Lantania, Levantina y Ortiz son solo algunas de las compañías que aparecen en los documentos entregados.

Se espera que estas constructoras sean citadas para aclarar su participación en las obras mencionadas por Aldama. Mientras tanto, el caso sigue ampliándose, con nuevas pruebas que podrían implicar a más altos cargos del Gobierno. 

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