Estas son las elevadas cifras que Pedro Sánchez gasta en asesores y altos cargos
El principal problema que subyace en el aumento de asesores y altos cargos es el gasto desproporcionado que representa para las arcas públicas.
porJuan Manuel Pulido
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El gobierno de Pedro Sánchez aumenta el gasto público en asesores y altos cargos, priorizando intereses políticos
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El gasto en asesores y altos cargos en el Gobierno de Pedro Sánchez ha alcanzado niveles sin precedentes en la historia de la democracia. Algo que ha generado una considerable controversia. Según datos del registro de personal del Ministerio de Hacienda, el Ejecutivo de Sánchez tiene actualmente en nómina 778 altos cargos. Una cifra que supera en 117 los mantenidos durante los últimos seis meses del mandato de Mariano Rajoy.
A estos se suman los 795 asesores contratados, lo que eleva la cifra total de personal eventual a 1.573. Lo que requiere un costo promedio de aproximadamente 82.000 euros netos por persona.
Esta tendencia no es nueva. Desde la llegada de Pedro Sánchez al poder, se ha producido un crecimiento sostenido en el número de altos cargos y asesores, impulsado en gran medida por las alianzas de gobierno. Primero con Podemos y, más recientemente, con Sumar.
Ambas formaciones han exigido la creación de nuevos ministerios y, con ello, una ampliación de la plantilla gubernamental.
Un gasto desmesurado
El principal problema que subyace en el aumento de asesores y altos cargos es el gasto desproporcionado que representa para las arcas públicas. Según los informes de la Intervención General del Estado, en 2023 el gasto en estos puestos alcanzó los 73,9 millones de euros.
Es preocupante que en un contexto de dificultades económicas para gran parte de la ciudadanía, el Gobierno haya decidido destinar cuantiosas sumas de dinero a mantener un aparato burocrático tan inflado.
De otro lado, los asesores supusieron un desembolso adicional de 58,9 millones. Esto se traduce en un aumento significativo del 36% en comparación con el gasto destinado a estos colectivos durante el mandato de Mariano Rajoy.
Es preocupante que en un contexto de dificultades económicas para gran parte de la ciudadanía, el Gobierno haya decidido destinar cuantiosas sumas de dinero a mantener un aparato burocrático tan inflado. El aumento en el número de altos cargos y asesores refleja una política de prioridad a los intereses del propio gobierno y sus aliados políticos.
La concentración en Presidencia
Un análisis más detallado de los datos revela que la mayor parte de estos asesores están concentrados en el Ministerio de la Presidencia. De los 795 asesores contratados, un 56% se encuentran en esta área, lo que equivale a 444 personas.
Esta concentración resulta alarmante, ya que sugiere que el Ejecutivo depende en gran parte de un círculo de confianza que gira en torno a Sánchez. Esta dependencia no solo aumenta el gasto público, también plantea interrogantes sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la toma de decisiones.
Esta dependencia no solo aumenta el gasto público, también plantea interrogantes sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la toma de decisiones.
Aunque el Gobierno no facilita información detallada, los informes disponibles indican que los sueldos de estos cargos varían significativamente según los perfiles profesionales. No obstante, es evidente que muchos de estos puestos gozan de salarios considerablemente elevados. Algunos alcanzando cifras que superan los 90.000 euros anuales.
Este tipo de remuneración para personal de confianza, es difícil de justificar en un contexto de austeridad para el resto de la sociedad.
Altos cargos en organismos clave
Además de los ministerios, el gasto en altos cargos y asesores también incluye a responsables de importantes organismos públicos. Entidades como la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Loterías y Apuestas del Estado, el Banco de España y diversas mutuas. Los salarios de estos altos cargos son especialmente elevados, superando en algunos casos los 200.000 euros brutos anuales.
Por ejemplo, la presidenta de la SEPI, María Belén Gualda, obtuvo una retribución de 245.000 euros en 2023. Por otro lado, el presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta Almendro, percibió un sueldo de 246.315 euros.
Estos salarios, que superan con creces los de muchos altos funcionarios en otros países europeos, generan una desconexión entre la clase política y la ciudadanía. Mientras que gran parte de la población no llega a fin de mes, estos cargos disfrutan de sueldos fuera de sintonía con la realidad. Además, la falta de transparencia en muchos de estos organismos públicos, agrava aún más la desconfianza pública.
Crítica a la gestión de los recursos públicos
El incremento en el número de asesores y altos cargos, y el consecuente aumento del gasto, pone de manifiesto la mala gestión de los recursos. En lugar de priorizar inversiones en sectores como la educación, la sanidad o el empleo. El Gobierno de Sánchez parece haber optado por crear un entramado burocrático que solo sirve para satisfacer las demandas políticas de sus aliados de coalición.
Este tipo de decisiones reflejan una falta de compromiso con la eficiencia y la austeridad en la gestión pública. Es legítimo cuestionar si realmente se necesitan tantos asesores y altos cargos para llevar a cabo la labor de gobierno. Incluso también, si este aumento responde más a un intento de consolidar el poder y mantener contentos a los socios de gobierno.
Además, el coste asociado no solo es económico, también político, ya que contribuye al deterioro de la confianza en las instituciones.
El aumento del gasto en altos cargos y asesores bajo el Gobierno de Pedro Sánchez refleja una gestión ineficiente y desproporcionada de los recursos públicos. Mientras que la ciudadanía enfrenta desafíos económicos significativos, el Ejecutivo parece más preocupado por mantener su círculo de confianza y a sus aliados políticos.
