Estas son las artimañas del Fiscal General para que no se investigue a Puigdemont

La Fiscalía General, liderada por Álvaro García Ortiz, está utilizando diversas estrategias. Para impedir que la Fiscalía Europea investigue los casos de malversación relacionados con el procés independentista catalán.

En un esfuerzo por evitar un nuevo frente legal en Europa, la Fiscalía Española ha emitido informes detallados para frenar cualquier intento de la Fiscalía Europea de intervenir en estas investigaciones.

Uno de los argumentos clave presentados por la Fiscalía. Es que la malversación de fondos relacionados con el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. No afecta los intereses financieros de la Unión Europea.

Este argumento se ha utilizado para justificar que la Fiscalía Europea no tiene competencia para investigar estos casos. A pesar de que la malversación de caudales públicos es uno de los delitos bajo la jurisdicción de la Fiscalía Europea según la Directiva. (UE) 2017/1371.

Competencia de la Fiscalía Europea

En su informe, la Fiscalía Española señala que la Fiscalía Europea, aunque competente para investigar delitos de malversación y corrupción, no tiene carta blanca para abordar cualquier delito de malversación. Este organismo, operativo desde 2021, ha asumido importantes casos penales en España. Como la trama Koldo y la compra irregular de mascarillas en Baleares y Canarias.

Sin embargo, la Fiscalía Española argumenta que la malversación de fondos públicos en el contexto del procés. No encaja en los parámetros de la competencia de la Fiscalía Europea, ya que no afecta directamente los intereses financieros de la UE. Este enfoque ha generado tensiones internas dentro de la propia Fiscalía Española, especialmente entre los fiscales del procés y el fiscal general García Ortiz.

Fiscales como Fidel Cadena, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Javier Zaragoza han manifestado su desacuerdo con la postura del fiscal general. Argumentan que la malversación durante el procés no solo causó un daño patrimonial al Estado español, sino que también vulneró la doctrina europea sobre malversación.

Según estos fiscales, los fondos desviados por el gobierno de Carles Puigdemont para financiar el referéndum ilegal. Tuvieron un impacto directo en los intereses financieros de la Unión Europea.

El informe original de estos fiscales sostenía que los líderes independentistas, incluidos Puigdemont y Junqueras, obtuvieron un beneficio personal. Según de carácter patrimonial al utilizar fondos públicos para su proyecto secesionista, algo que debería excluirse de la amnistía. Además, señalaban que la malversación de fondos públicos dentro de un estado miembro de la UE, que amenaza con fracturar territorialmente la Unión, repercute negativamente en los intereses financieros comunitarios.

 Pendientes del Tribunal Supremo

La postura oficial adoptada por el fiscal general García Ortiz, sin embargo, rechaza esta interpretación. En los informes remitidos al Tribunal Supremo, se sostiene que la amnistía debe aplicarse de manera global y sin excepciones, cerrando cualquier vía para una intervención de la Fiscalía Europea. Esto ha creado un coto a la actuación de la Fiscalía Europea en este ámbito, limitando su capacidad para investigar la malversación del procés.

 El próximo paso en este proceso es la decisión del Tribunal Supremo. Tras recibir los informes de la Fiscalía y las partes implicadas, la Sala Segunda del Tribunal Supremo debe determinar cómo y en qué términos se aplicará la amnistía. Se espera que el tribunal se pronuncie la próxima semana, analizando cada delito por separado, con especial atención a la malversación debido a su controversial inclusión en la ley de amnistía.