La recta final del juicio por el presunto enchufe relacionado con David Sánchez terminó marcada por la tensión entre las acusaciones y las defensas. Lo que inicialmente parecía una sesión rápida y sin sobresaltos acabó derivando en un duro enfrentamiento procesal después de que varias acusaciones populares endurecieran de forma significativa sus peticiones de pena.
PP, Vox, Hazte Oír, Iustitia Europa, Asociación Liberum y Abogados Cristianos elevaron hasta seis años de prisión la condena solicitada para el hermano del presidente del Gobierno, al considerar que los hechos encajan en delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Solo Manos Limpias se desmarcó de esa estrategia y mantuvo una petición inferior.
El cambio provocó la protesta inmediata de la Fiscalía y de los abogados defensores, que acusaron a las acusaciones populares de introducir nuevos elementos con relevancia penal cuando el juicio ya entra en su fase definitiva. Por ese motivo reclamaron al tribunal un aplazamiento de diez días para poder preparar adecuadamente sus conclusiones finales ante el nuevo escenario.
La Sala, sin embargo, rechazó conceder más tiempo. El magistrado José Antonio Patrocinio, presidente del tribunal, explicó tras revisar los escritos que no apreciaba alteraciones sustanciales en los hechos investigados, aunque sí admitió que las acusaciones hubieran modificado la interpretación jurídica de los mismos, algo permitido en este momento procesal tras la práctica de la prueba. De este modo, se mantiene el calendario previsto y los informes finales comenzarán a presentarse a partir del lunes.
Durante esta fase también se produjeron cambios relevantes en algunos de los delitos inicialmente atribuidos. Las acusaciones retiraron la imputación por aceptación de nombramiento ilegal contra David Sánchez después de que el tribunal considerara prescrito ese delito vinculado a la adjudicación, en 2017, del puesto de coordinador de conservatorios.
Asimismo, Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz, dejó de estar acusado por la contratación de Luis Carrero, antiguo asesor de Moncloa, al desaparecer cualquier reproche penal relacionado con ese episodio.
Pese a la retirada de uno de los delitos, las penas solicitadas terminaron aumentando. Las acusaciones reformularon los hechos bajo los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, lo que incrementó la petición de condena tanto para David Sánchez como para Gallardo. En el caso del exdirigente socialista extremeño, la solicitud pasó de tres a cuatro años de cárcel, salvo para Manos Limpias, que rebajó su petición hasta un año y medio.
