Este sobrecoste llega en un contexto en el que el Gobierno de Pedro Sánchez ha defendido su gestión energética, pero sin evitar que el impacto recaiga directamente sobre los ciudadanos
Un año después del gran apagón eléctrico, la factura de la luz continúa reflejando sus consecuencias. Aunque el sistema funciona con aparente normalidad, los consumidores estamos pagando más que nunca por un motivo poco visible: el coste de evitar que se repita un nuevo colapso. Actualmente, cerca del 25% del término de energía del recibo se destina a los llamados servicios de ajuste, es decir, a mantener la red estable.
Este sobrecoste llega en un contexto en el que el Gobierno de Pedro Sánchez ha defendido su gestión energética, pero sin evitar que el impacto recaiga directamente sobre los ciudadanos. Lejos de abaratar la factura, las medidas adoptadas tras el apagón han encarecido el sistema de forma sostenida.
Más seguridad, pero una factura cada vez más alta
Tras el cero energético de abril de 2025, Red Eléctrica de España ha reforzado los mecanismos de seguridad para evitar otra crisis. Sin embargo, ese refuerzo tiene un precio elevado que ya están pagando los consumidores. El coste de los servicios de ajuste se ha disparado más de un 150% en los últimos tres años, trasladándose directamente a la factura.
El problema es que el Ejecutivo ha optado por blindar el sistema sin asumir el coste político de la subida, que termina repercutiendo en los hogares. Un consumidor medio paga ahora más cada mes sin consumir más electricidad, lo que evidencia que la estabilidad del sistema se está financiando a costa del usuario final.
El gas se dispara y evidencia las contradicciones del modelo
Además, el sistema depende cada vez más del gas como respaldo, pese al discurso oficial sobre el impulso de las energías renovables. En la práctica, su uso se ha multiplicado para garantizar la estabilidad de la red, lo que encarece aún más el recibo.
Este incremento del gas, unido a su subida en los mercados internacionales, pone en cuestión la coherencia del modelo energético impulsado por el Gobierno. Mientras se apuesta públicamente por la transición verde, en la práctica se recurre cada vez más a fuentes más caras para evitar nuevos fallos.
El resultado es un sistema más seguro, pero también mucho más caro. Y, una vez más, el coste lo asumen los ciudadanos, que ven cómo su factura sube mientras el Ejecutivo evita dar explicaciones claras sobre el impacto real de sus decisiones.
