De 26 países evaluados, solo 13 incumplen las recomendaciones contra la corrupción
El Consejo de Europa, a través de GRECO, mantiene a España entre los países con más carencias para frenar la corrupción de altos cargos.
De 26 países evaluados, solo 13 incumplen las recomendaciones contra la corrupción. España es uno de ellos, junto a Francia, Alemania o Bélgica.
El informe de seguimiento, publicado en abril de 2025, indica que España lleva sin cumplir recomendaciones clave desde junio de 2019. GRECO emitió 19 recomendaciones para mejorar la transparencia. España no ha implementado ni la mitad de forma satisfactoria.
Diez de estas recomendaciones iban dirigidas a altos cargos. Seis no se han aplicado y cuatro solo parcialmente desde hace más de cinco años.
En lo relativo a Guardia Civil y Policía Nacional, solo tres recomendaciones han sido seguidas de forma parcial. El resto, ni se han tocado.
Uno de los puntos más delicados es el aforamiento político. GRECO pide su reforma porque obstaculiza el trabajo de la justicia penal. El actual sistema blinda a cargos públicos investigados por corrupción.
El Consejo exige una revisión para permitir juzgar. Además, se señala la falta de regulación sobre asesores y lobbies, sectores sin transparencia y con influencia directa en decisiones públicas.
GRECO ve también politización en la cúpula judicial. El modelo de elección del Consejo General del Poder Judicial es uno de los grandes fallos. Otro punto débil: los regímenes disciplinarios de la Policía y Guardia Civil, poco revisados y sin medidas preventivas anticorrupción.
El informe reclama códigos de conducta efectivos, mecanismos de control y canales seguros para denunciar irregularidades en ambos cuerpos.
El ministro Marlaska defendió ante Europa que se han cumplido 24 de las 30 recomendaciones generales contra la corrupción. Entre esos avances, el Gobierno destaca la regulación de lobbies y la puesta en marcha de nuevas normativas sobre transparencia pública.
Sin embargo, GRECO insiste: las reformas estructurales no llegan. El bloqueo político impide tocar temas como el aforamiento o el CGPJ. Las reformas requeridas necesitan mayoría constitucional. Pero ningún gobierno reciente ha logrado consenso suficiente para impulsarlas.
Tampoco hay avances en transparencia patrimonial de altos cargos. No se exige detallar bienes de cónyuges o familiares dependientes. Otro fallo: la falta de transparencia en agendas institucionales. Se desconoce con quién se reúnen ministros o altos funcionarios.
La independencia del Consejo de Transparencia es otra cuenta pendiente. Sin recursos suficientes, su capacidad fiscalizadora es mínima.
En Europa preocupa la imagen de España como país opaco en su estructura de poder. Y eso repercute directamente en la inversión exterior.
