Denuncian la concesión de terceros grados a etarras sin arrepentimiento

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha mostrado su malestar por la concesión del tercer grado a tres miembros de ETA con delitos de sangre. Se trata de Gregorio Escudero Balerdi, Ibai Arza Beovide y Unai Bilbao Solaetxe, todos ellos con condenas por atentados mortales.

Escudero y Bilbao participaron en el asesinato de Juan Priede, concejal socialista de Orio, en marzo de 2002. Le dispararon en la nuca en un bar. Escudero, además, había colocado la bomba que mató al edil del PP, José Ignacio Iruretagoyena en 1998 en Zarautz.

La AVT califica la medida como una forma de "revictimización". “Podrá ser legal, pero no es moral”, afirma el colectivo, que denuncia la liberación progresiva de presos sin muestras de arrepentimiento ni colaboración con la Justicia. “Nuestros familiares siguen bajo tierra mientras ellos pasean libres”, lamentan.

De los 134 presos de ETA que quedan en cárceles españolas, solo 44 siguen en régimen cerrado. 51 están ya en tercer grado, 22 en libertad condicional y 17 en situación de flexibilización por el artículo 100.2.

Buena parte de los reclusos están en prisiones del País Vasco, comunidad que desde 2021 tiene las competencias penitenciarias. Desde entonces, según la AVT, el Gobierno vasco ha otorgado 94 terceros grados. Antes, desde 2018, el Ejecutivo central concedió 28.

El Ministerio del Interior defiende que se cumple la ley. Asegura que el tercer grado no es un beneficio, sino una forma de ejecución de la condena. Recalca que no implica reducción de pena, y que no es comparable con un indulto o con la libertad condicional anticipada.

Jaime Tapia, asesor penitenciario del Gobierno Vasco, sostiene que los presos que acceden al tercer grado están arrepentidos, aunque no utilicen la palabra "perdón". La Audiencia Nacional ha revocado una decena de progresiones al considerar que no existe un arrepentimiento claro. Tapia defiende que otras expresiones también demuestran reconocimiento del daño causado.

Según Tapia, hay informes técnicos en cada caso elaborados por juristas y trabajadores sociales que evalúan la actitud del interno. Asegura que cuando las juntas proponen el tercer grado es porque detectan una voluntad sincera de cambio.

Covite, otra asociación de víctimas, también ha denunciado progresiones a presos que siguen vinculados a la izquierda abertzale y no han mostrado desvinculación de la banda ni condena del terrorismo.