Pese al incremento de controles y al crecimiento del número de profesionales sometidos a supervisión, solo una pequeña parte de los sujetos obligados comunicó operaciones sospechosas de blanqueo de capitales en España durante 2024. Según el informe del Tribunal de Cuentas sobre la aplicación de la normativa europea, únicamente 348 de los 27.645 operadores obligados a vigilar este tipo de actividades remitieron alertas al Sepblac, lo que supone apenas un 1,2 % del total.
Aun así, el volumen global de comunicaciones alcanzó cifras récord. El pasado año se registraron 24.253 avisos por posibles delitos de blanqueo, el dato más alto de toda la serie analizada y muy por encima de los 12.631 expedientes contabilizados en 2020. La evolución muestra una subida continuada en los últimos ejercicios: 15.638 comunicaciones en 2021, 19.484 en 2022 y 22.345 en 2023, hasta alcanzar el máximo histórico de 2024.
Estas comunicaciones son remitidas al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) por entidades y profesionales considerados de riesgo, como bancos, aseguradoras, inmobiliarias, casinos, notarios, joyeros o proveedores de servicios vinculados a criptoactivos, cuando detectan movimientos o transacciones que podrían estar relacionados con actividades ilícitas.
El documento fiscalizador pone de relieve que sectores tradicionalmente sensibles al blanqueo siguen mostrando una participación mínima en el sistema de alertas. En el ámbito inmobiliario, por ejemplo, solo 41 de los más de 9.100 promotores e intermediarios registrados notificaron operaciones sospechosas durante el último año. La situación es aún más llamativa entre notarios y registradores: apenas tres profesionales realizaron comunicaciones pese a que el colectivo supera los 3.800 sujetos obligados.
El Tribunal de Cuentas también advierte de que España continúa sin disponer de una estrategia nacional específica para combatir el blanqueo de capitales. A juicio del organismo, faltan objetivos definidos, indicadores de control y herramientas que permitan medir de forma efectiva el funcionamiento real del sistema de prevención.
El informe dedica además un apartado al auge de los criptoactivos, cuya presencia es cada vez más habitual en investigaciones patrimoniales y económicas complejas. La normativa europea amplió los controles sobre las plataformas de intercambio de moneda virtual y los servicios de custodia de monederos digitales mediante la Quinta Directiva comunitaria, incorporada al ordenamiento español en 2021. Sin embargo, el análisis específico de riesgos para este sector no llegó hasta dos años después, en 2023.
La creciente utilización de criptomonedas, sociedades instrumentales y estructuras financieras sofisticadas aparece como uno de los elementos comunes en algunas de las investigaciones económicas más relevantes desarrolladas en España en los últimos años, en un contexto en el que las autoridades han intensificado la vigilancia sobre posibles operaciones de blanqueo.
