Las sanciones económicas de Bruselas se han convertido en otro de los problemas que arrastra el Gobierno de Pedro Sánchez. España acumula multas millonarias por no adaptar su legislación a las exigencias comunitarias y se ha situado entre los países de la Unión Europea con peores resultados en el cumplimiento de las directivas. Los datos de la Comisión Europea reflejan un déficit de transposición del 5,5%, el porcentaje más elevado de los Estados miembros.
El balance deja al Ejecutivo en una posición comprometida ante las instituciones europeas. El retraso en la aprobación de leyes, la dificultad para reunir mayorías parlamentarias y la falta de estabilidad política han complicado la incorporación de las normas comunitarias al ordenamiento español. A esta situación se suma el adelanto electoral, que dejó sin recorrido varias iniciativas legislativas que ya acumulaban demoras.
Las consecuencias se traducen en procedimientos de infracción, condenas y penalizaciones económicas. España supera los 90 expedientes abiertos por incumplimientos del Derecho comunitario y figura entre los países que más sanciones reciben del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Su situación resulta especialmente llamativa frente a otros socios como Polonia, Italia o Bélgica.
Pero el problema no termina con las cantidades que debe abonar el Estado. La reiteración de incumplimientos también deteriora la credibilidad de España ante Bruselas y puede restarle influencia a la hora de negociar decisiones comunitarias. La acumulación de expedientes proyecta, además, una imagen de falta de compromiso con las obligaciones adquiridas como miembro de la Unión.
Otro de los indicadores que deja en evidencia al país es el cumplimiento de las resoluciones judiciales europeas. España ocupa el segundo puesto en número de sentencias del TJUE pendientes de ejecución, solo superada por Grecia, según los datos de Investigate Europe.
La comparación con otros socios comunitarios tampoco favorece al Ejecutivo. Italia, que atravesó años de inestabilidad política antes de la llegada de Giorgia Meloni, es actualmente el Estado que menos tarda en incorporar las directivas europeas. España, por el contrario, continúa acumulando retrasos y se sitúa por detrás de países como Bulgaria en determinados indicadores.
Una década de retrasos y sanciones millonarias
El problema se ha agravado especialmente durante los últimos años. Los datos de Newtral muestran que entre 2016 y 2026 España ha transpuesto menos normativa europea que en cualquiera de las dos décadas anteriores. Es decir, el periodo que coincide en buena parte con los gobiernos de Pedro Sánchez registra el peor balance de incorporación de directivas desde que el país ingresó en la Unión Europea hace 40 años.
Las consecuencias económicas ya se han dejado notar en diferentes ámbitos. Una de las sanciones más elevadas estuvo relacionada con la protección de datos: 15 millones de euros de multa y otros 89.548 euros por cada día de demora. En agosto de 2025, el TJUE también condenó a España a pagar 6,8 millones de euros por los incumplimientos relativos a los permisos parentales mínimos, a los que se añadieron 19.700 euros diarios hasta corregir la situación.
Los derechos de los trabajadores tampoco han quedado al margen de las advertencias europeas. La falta de adaptación de las normas sobre transparencia en las condiciones laborales y la información que deben recibir los empleados acerca de sus contratos terminó con una penalización de siete millones de euros.
En el área de Seguridad e Interior, las sanciones han llegado a los 23 millones de euros por los retrasos en la aplicación de medidas relacionadas con la seguridad pública, el control de fronteras y la protección de datos. También se han señalado deficiencias vinculadas a las infraestructuras españolas.
El listado evidencia que las dificultades para cumplir con Bruselas afectan a sectores muy distintos de la Administración. Los retrasos legislativos no solo mantienen a España bajo la presión de las instituciones europeas, sino que también tienen un coste directo para las arcas públicas, que deben asumir las sanciones derivadas de las obligaciones comunitarias incumplidas.
