En octubre de 2022, el Consejo de Ministros autorizó otros 30 millones de euros para sufragar el despliegue de las autoridades marroquíes contra el tráfico de personas
El papel de Marruecos como guardián de la frontera sur de Europa se ha traducido durante los últimos años en cientos de millones de euros procedentes de España y de las instituciones comunitarias.
Una estrategia basada en externalizar parte del control migratorio que vuelve a quedar bajo la lupa después de la histórica avalancha registrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio, cuando el Gobierno terminó situando en 72.000 el número de personas que accedieron irregularmente a la ciudad autónoma.
El episodio no ha provocado, sin embargo, que Bruselas replantee su apuesta por Rabat. Más bien al contrario.
La Comisión Europea reconoció oficialmente un paquete indicativo de 500 millones de euros para Marruecos entre 2021 y 2027 destinado al ámbito migratorio. Una cifra que supone un salto respecto a los 343 millones concedidos desde 2018 para gestión de fronteras y migración, según recogió el propio Parlamento Europeo.
España también ha financiado directamente esta política. En octubre de 2022, el Consejo de Ministros autorizó otros 30 millones de euros para sufragar el despliegue de las autoridades marroquíes contra el tráfico de personas y para gestionar los flujos migratorios. El dinero cubría, entre otras cuestiones, gastos operativos, mantenimiento de material y servicios policiales.
Todo esto también alienta aún más la crispación de los ceutíes contra el presidente del Gobierno.
A ello se suman programas financiados con fondos europeos y ejecutados a través de organismos españoles. Entre ellos figura un proyecto de 44 millones de euros gestionado por FIIAPP para reforzar las capacidades marroquíes de vigilancia fronteriza y adquirir equipamiento. Otro programa europeo destinó 5,5 millones a iniciativas contra el racismo y la xenofobia hacia migrantes en Marruecos.
La dependencia europea de Rabat tiene un antecedente especialmente incómodo. En 2021, el Parlamento Europeo constató que la Policía marroquí relajó temporalmente los controles fronterizos, abrió las puertas de su valla y no frenó las entradas durante aquella crisis de Ceuta.
La Eurocámara fue todavía más lejos: rechazó expresamente el uso por Marruecos del control fronterizo y la migración como instrumento de presión política contra España. Cerca de 9.000 personas entraron entonces en territorio español.
Cinco años después, Ceuta vuelve a estar en el centro del tablero. Y los datos muestran que la presión sobre la ciudad ya venía creciendo. Sin contar la entrada extraordinaria de julio, 5.013 personas habían accedido irregularmente a Ceuta hasta el 15 de agosto de 2026, un 191% más que las 1.722 registradas durante el mismo periodo del año anterior. Canarias, por el contrario, presenta una fuerte caída, lo que evidencia un desplazamiento de la presión hacia Ceuta y Melilla.
La reacción europea después de la última crisis vuelve a apuntar en la misma dirección. Ursula von der Leyen planteó a Pedro Sánchez reforzar los sistemas de alerta temprana y “mejorar nuestro apoyo técnico y financiero a Marruecos”, además de avanzar hacia una asociación todavía más estructurada con Rabat.
Así, mientras la eficacia del modelo vuelve a ser cuestionada por lo sucedido en Ceuta, Marruecos conserva intacta una de sus principales cartas frente a España y la Unión Europea: su capacidad para controlar una de las puertas de entrada al continente. Y Bruselas, lejos de reducir esa dependencia, prepara más cooperación y más financiación.
