La investigación sobre los altercados en Paiporta durante la visita de Pedro Sánchez tras la DANA empieza a dejar más dudas que certezas. Los propios escoltas del presidente han reconocido ante el juez que no fueron capaces de identificar a ninguno de los supuestos agresores que, según el Gobierno, pertenecían a grupos organizados de "ultraderecha". Un reconocimiento que complica aún más el relato oficial sostenido desde Moncloa.
Más de un año después de aquellos hechos, la causa judicial sigue sin aclarar quién estuvo realmente detrás de los incidentes. La falta de avances y de pruebas sólidas refuerza la sensación de que las primeras explicaciones se apoyaron más en interpretaciones políticas que en datos contrastados.
El contraste entre lo que se afirmó públicamente en su momento y lo que ahora reflejan las diligencias judiciales ha reavivado el debate sobre si el Ejecutivo se precipitó al señalar responsables sin pruebas concluyentes.
Un relato que pierde fuerza con el paso del tiempo
Los cinco agentes de la Policía Nacional que formaban parte del dispositivo de seguridad declararon por videoconferencia y coincidieron en lo esencial: no pudieron reconocer a los autores de los incidentes ni recopilar datos que permitieran identificarlos con claridad.
Esto choca con el discurso que mantuvo Sánchez tras lo ocurrido, cuando habló de “grupos ultras perfectamente organizados”. Más de un año después, esa hipótesis no se ha podido sostener con hechos concretos dentro de la investigación.
