El Gobierno vasco ha concedido el tercer grado penitenciario a Jon Bienzobas Arretxe, miembro de ETA condenado por el asesinato del expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente en 1996. La decisión vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la política penitenciaria aplicada a los presos de la banda.
Llega, además, en un momento especialmente sensible, con las víctimas denunciando desde hace tiempo lo que consideran una flexibilización progresiva de las condiciones de cumplimiento de las penas para antiguos miembros de ETA.
La concesión se ha basado en los criterios habituales: buena conducta en prisión, una oferta de trabajo y un escrito en el que el interno expresa arrepentimiento.
El rechazo de las víctimas
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha reaccionado con dureza y ya ha anunciado que recurrirá la decisión ante la Audiencia Nacional. Desde la asociación consideran que este tipo de medidas generan una sensación de injusticia entre quienes sufrieron el terrorismo.
Su presidenta, Consuelo Ordóñez, ha puesto en duda el valor de ese arrepentimiento al tratarse de comunicaciones privadas y no de manifestaciones públicas. A su juicio, sin un reconocimiento claro y visible del daño causado, resulta difícil hablar de una verdadera asunción de responsabilidades.
Además, desde el colectivo advierten de que decisiones como esta alimentan la percepción de que las condenas pierden peso con el tiempo y reclaman que se extreme la cautela en casos de este tipo.
Un debate que vuelve a abrirse
El caso de Bienzobas no es aislado y se suma a otros beneficios penitenciarios concedidos en los últimos años a presos de ETA, lo que mantiene vivo el debate político y social sobre el equilibrio entre reinserción y cumplimiento íntegro de las penas.
Más de dos décadas después del asesinato de Tomás y Valiente, uno de los atentados más simbólicos por el perfil de la víctima y el lugar en el que se produjo —la Universidad Complutense—, la decisión vuelve a reabrir heridas y a poner el foco en cómo se gestionan estos casos.
Con varios presos accediendo progresivamente a regímenes de semilibertad, la discusión sigue abierta entre quienes defienden la aplicación de la legislación penitenciaria y quienes consideran que estas decisiones no tienen suficientemente en cuenta la memoria de las víctimas.
