La investigación sobre el diputado de Sumar en Comú Podem, Félix Alonso Cantorné, ha dado un paso adelante después de que el Tribunal Supremo haya acordado abrir diligencias por un posible delito de prevaricación administrativa vinculado a su etapa como alcalde de Altafulla (Tarragona).
El origen de esta decisión se encuentra en una exposición razonada remitida en diciembre por un juzgado de El Vendrell, que llevaba tiempo analizando la actuación del consistorio. El alto tribunal ha asumido además la línea marcada por la Fiscalía, que también veía indicios suficientes para continuar con el proceso.
El foco de la causa está en la forma en que el Ayuntamiento de Altafulla gestionó diversos contratos entre 2011 y 2019. Durante ese periodo, el consistorio mantuvo relaciones con las empresas Milá Advocats SLP y Sinergia Dret i Medi Ambient SLP que, según se investiga, no habrían seguido los procedimientos legales establecidos.







