Interior habría adjudicado contratos superiores a 28 millones para adecuar centros de acogida en Canarias, según fuentes del sector. Estos centros servirían para retener temporalmente a inmigrantes mientras se resuelve su situación administrativa o solicitudes de asilo.
También se habría previsto un contrato adicional de transporte aéreo valorado en unos 14,8 millones de euros. Este servicio incluiría traslados entre Canarias y la península tanto de inmigrantes como de efectivos policiales.
Las comunidades autónomas soportarían más de 600 millones de euros anuales en atención directa a inmigrantes irregulares. Regiones como Canarias, Madrid o Cataluña asumirían los mayores costes en acogida de menores no acompañados.
Canarias habría soportado en solitario un gasto cercano a 185 millones para menores migrantes y solicitantes de asilo. El posterior traslado de miles de menores a la península redistribuiría parte del esfuerzo hacia otras comunidades.
En conjunto, estos datos reflejarían, según análisis críticos, un modelo con un fuerte colapso sobre recursos públicos. Cada vez son mas los ciudadanos que reclaman reforzar fronteras y equilibrar el sistema para evitar el efectos llamada. El debate continúa abierto mientras crece la tensión entre sostenibilidad económica y obligaciones humanitarias del Estado.
Mientras la sanidad colapsa, las carreteras tienen una falta de mantenimiento notable, cada día habiendo incidencias en los trenes, los afectados de las catástrofes de los últimos años siguen esperando respuestas y las ayudas destinadas. Actualmente hay mas de 2 millones de parados en España, aun así se dejan las fronteras abiertas a personas que tienen culturas incompatibles con occidente por el falso buenísmo de la izquierda.
