Entidades feministas cargan duramente contra el Ministerio de Igualdad por imponer criterios ideológicos para acceder a subvenciones públicas

El Ministerio de Igualdad vuelve a ser el centro de la polémica tras intentar condicionar ayudas públicas a la aceptación de una doctrina ideológica concreta. Una treintena de entidades feministas han denunciado que se les exige asumir que toda prostitución es violencia para poder acceder a subvenciones. El pulso ya no es técnico, es político.

Las organizaciones afectadas acusan al departamento de Ana Redondo de imponer un marco abolicionista como requisito administrativo obligatorio. Según denuncian, esa exigencia vulnera su libertad ideológica y su derecho de asociación. El conflicto revela una deriva preocupante del llamado feminismo institucional.

Las entidades reclaman una rectificación inmediata y lamentan la ausencia total de diálogo por parte del Gobierno. Advierten de que los nuevos criterios dejarán fuera a programas sociales que llevan años trabajando con mujeres en contextos vulnerables. Para muchas asociaciones, la medida supone un golpe directo a su supervivencia.

El Ejecutivo, lejos de buscar consenso, ha optado por cerrar filas y defender su modelo sin matices. Igualdad insiste en que su postura es jurídicamente sólida y coherente con el marco internacional. Pero las afectadas hablan abiertamente de imposición ideológica desde el poder.

Igualdad usa las subvenciones como herramienta ideológica

Las organizaciones denuncian que el Ministerio pretende modificar las bases reguladoras de varias ayudas para obligarlas a declarar en sus estatutos que la prostitución es violencia de género. Esa condición afectaría a subvenciones destinadas a concienciación, prevención e investigación, así como a programas de apoyo a víctimas de trata.

Las entidades insisten en diferenciar prostitución forzada, explotación sexual y trata, de la prostitución ejercida de forma voluntaria. Sin embargo, el Ministerio de Igualdad rechaza cualquier matiz y exige adhesión plena a su enfoque abolicionista. Quien no se someta, queda fuera.

Varias asociaciones han calificado la medida como “el machetazo final” a su trabajo, denunciando que se les expulsa del sistema de ayudas por no compartir una visión única. Alertan que el Gobierno convierte las subvenciones en un mecanismo de control ideológico. Ya no importa el impacto social de los proyectos, sino la obediencia doctrinal.

El  Ministerio sostiene que no existe restricción indebida y que exigir coherencia con su modelo es legítimo. Pero las organizaciones replican que el Estado no puede imponer una lectura ideológica concreta como condición para recibir fondos públicos. El debate ha dejado de ser feminista y se ha convertido en una cuestión de libertades básicas.

Feminismo institucional contra pluralismo democrático

Este episodio retrata un patrón cada vez más visible: el uso de políticas públicas para moldear pensamiento. Igualdad no solo legisla, ahora también decide qué discurso es válido y cuál debe ser excluido del espacio institucional. Las ayudas dejan de ser instrumentos sociales para convertirse en palancas ideológicas.

El problema no es el debate sobre prostitución, sino la forma autoritaria de resolverlo. El Gobierno no dialoga, no escucha y no admite enfoques alternativos dentro del propio movimiento feminista. Impone desde arriba y espera sumisión desde abajo.

Mientras se habla de diversidad y pluralismo, se castiga a quien no se alinea con la versión oficial. Las entidades denuncian que se rompe el principio de concurrencia competitiva y se vulneran derechos fundamentales. El mensaje es claro: o aceptas el marco del Ejecutivo o desapareces del mapa institucional.

El Ministerio de Igualdad asegura actuar por coherencia política. Pero lo que queda es la sensación de un poder que utiliza el dinero público para imponer pensamiento único. Y cuando un gobierno decide quién puede existir y quién no dentro del sistema de ayudas, el problema ya no es ideológico, es democrático.