Esta es la empresa pública que oculta el contrato millonario al socio de Begoña

Carlos Barrabés se encuentra acaparando las portadas de los medios de comunicación. Esta vez, Renfe podría estar involucrado. Más concretamente, la empresa pública, que se encuentra de la mano del ministro de Transportes Óscar Puente, ha ocultado gran parte de información.

Averiguaciones sobre el contrato adjudicado en noviembre de 2022 a la consultora tecnológica Innova Next, dirigida por Juan Carlos Barrabés, socio de Begoña Gómez en su máster de la Universidad Complutense. Esta empresa está implicada en un presunto caso de corrupción que involucra a la esposa de Pedro Sánchez, la imputada Begoña Gómez.

Según ha explicado The Objective, gracias a este contrato, Barrabés quitó a Telefónica la gestión de la aceleradora de startups TrenLab. Esta última fue lanzada por Renfe en 2018.

Durante cuatro años, el proyecto estuvo dirigido por Wayra, el hub de innovación de la multinacional de telecomunicaciones. Ahora, bajo la gestión de Innova Next, la aceleradora busca desarrollar soluciones tecnológicas con startups para mejorar la experiencia del viajero.

El propio Barrabés superó a Seidor y McKinsey & Company en la licitación para un proyecto valorado en dos millones de euros. Barrabés ha obtenido contratos importantes con varios organismos gubernamentales, especialmente entre 2021 y 2022, tras su colaboración con Gómez en el máster de la Complutense.

Los datos limitados proporcionados por la Plataforma de Contratación revelan que Innova Next ganó el contrato. Fue vigente al menos hasta noviembre, gracias a su oferta económica. Finalmente, se adjudicó por más de 1,6 millones de euros (sin IVA), con la opción de dos prórrogas adicionales de hasta 24 meses.

El contrato no proporciona información detallada sobre los pliegos técnicos ni administrativos, ni revela los nombres de las empresas que participaron en la licitación. Indica que los candidatos invitados a presentar ofertas tenían acceso a ciertos documentos. Sin embargo, no especifica las puntuaciones obtenidas en la evaluación técnica ni en los juicios de valor.

A pesar de las pruebas, la propia Renfe continúa creando excusas y denegando el acceso del citado medio a Transparencia. La empresa pública tardó dos meses y medio en responder al periódico. Alegó que el retraso se debió a una labor costosa de depuración, anonimización y expurgo de un extenso expediente de contratación.

Además, indicaron que, tras estos exhaustivos trabajos destinados a minimizar posibles acciones legales por parte de los licitadores originales. El resultado requería un nuevo proceso de audiencia. Finalmente, señalaron que estas actividades consumirían recursos considerables de la entidad, recursos que preferían dedicar a la prestación de servicios.