La empresa del hijo de una alcaldesa socialista fue beneficiada con contratos públicos
La alcaldesa de San Miguel de Cinca en Huesca benefició con 131.302,38 euros de dinero público a la empresa de su hijo
Desde Huesca se ha dado a conocer que Servicios Eléctricos SYB. Empresa administrada por Santiago Gabriel Abenoza Sancho, hijo de Elisa Sancho Rodellar, alcaldesa de San Miguel de Cinca y ex vicepresidenta de la Diputación Provincial de Huesca. Ha sido subcontratada para realizar trabajos de iluminación en los núcleos urbanos de Pomar de Cinca, Estiche y Santalecina.
Estos contratos, adjudicados a dos compañías, Covidal Obras 2021 y Tarex Obras S.L.U. Que ascienden a un total de 131.302,38 euros. Estos han sido financiados a través del Programa de Cooperación Económica de Obras y Servicios de la DPH.
Detalles de las Adjudicaciones
Los trabajos adjudicados consisten en la sustitución de luminarias de alumbrado público por luminarias LED. Un proyecto que busca mejorar la eficiencia energética en los municipios. La primera adjudicación, correspondiente a Pomar de Cinca, tuvo un presupuesto de 45.478,80 euros (sin IVA).
La empresa encargada de esta obra fue Covidal Obras 2021 S.L. Según un decreto de Alcaldía del 11 de noviembre de 2022.
El segundo contrato, para Santalecina, con un presupuesto de 39.634,33 euros (sin IVA), fue adjudicado a Tarex Obras S.L.U. el 14 de noviembre de 2023.
Finalmente, la tercera adjudicación, para la mejora energética del alumbrado público en Estiche de Cinca. Fue también para Tarex Obras S.L.U., con un presupuesto de 37.866,04 euros.
Controversia y Consideraciones Éticas
La subcontratación de Servicios Eléctricos SYB, la empresa del hijo de la alcaldesa, ha suscitado preocupaciones éticas y legales. Elisa Sancho, quien ocupaba el cargo de vicepresidenta de la DPH cuando se aprobaron los planes de financiación para estos proyectos, podría estar en una posición de conflicto de intereses.
La ley de Contratos del Sector Público y la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local imponen restricciones y obligaciones claras. Para evitar conflictos de intereses y garantizar la transparencia en las adjudicaciones de contratos públicos.
La Ley de Contratos del Sector Público permite la subcontratación de partes del contrato. Siempre y cuando se notifique y se acredite que no existen prohibiciones para contratar. El artículo 71 de esta ley extiende la prohibición a familiares cercanos.
Lo que podría implicar directamente al caso de Santiago, Gabriel Abenoza Sancho y Elisa Sancho.
Además, la Ley 7/1985 establece que los miembros de las corporaciones locales deben abstenerse de participar en cualquier decisión donde exista un conflicto de intereses.
Si Elisa Sancho fue informada sobre la subcontratación a la empresa de su hijo. Estaba obligada a abstenerse de participar en las decisiones relacionadas con estos contratos. Esto debe estar documentado en las actas de las sesiones plenarias correspondientes.
Reacción de la Comunidad y Consecuencias
La revelación de estos hechos por parte de medios locales como El Diario de Huesca. Ha causado revuelo entre los vecinos de Pomar de Cinca, Estiche de Cinca y Santalecina, quienes han observado los trabajos realizados por los operarios de Servicios Eléctricos SYB. Las imágenes y testimonios de estos trabajos han sido compartidos, aumentando la visibilidad del caso.
La oposición política y diversos actores sociales han expresado su preocupación por la transparencia y la ética en la administración local. La relación directa entre la alcaldesa y la empresa subcontratada por las compañías adjudicatarias. Plantea serias dudas sobre la imparcialidad y legalidad del proceso de adjudicación.
Otro caso irregular en el entorno a la alcaldesa
Este caso se suma a otros episodios controvertidos en la trayectoria de Elisa Sancho.
En el 2019 el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca publicó el nombramiento de Andrea Rodríguez Sancho. Quien es hija de Elisa Sancho y Juan José Rodríguez (ex diputado provincial y senador). Como asesora del Gabinete de Alcaldía del Ayuntamiento de Huesca.
Este puesto, con una retribución de 39.000 euros anuales. También ha levantado críticas por la posible utilización de cargos de confianza en beneficio personal y familiar.
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