La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha expresado su preocupación sobre la reforma legal que el PSOE propone para restringir la acción popular.
Según la APM, esta medida tiene como objetivo ofrecer cobertura jurídica e impunidad a ciertas causas judiciales. Se critica que estas causas se descalifican de manera subliminal. Como supuestos de acoso político, aludiendo a las investigaciones relacionadas con el entorno del presidente del Gobierno.
Desde la APM, se argumenta que esta reforma es netamente inconstitucional. Ya que busca impedir y desincentivar el ejercicio efectivo del derecho a la tutela judicial efectiva.
En un informe elaborado por la asociación, se señala que la modificación legal pone en riesgo los compromisos comunitarios e internacionales del Reino de España. Especialmente en lo que respecta a la protección de los intereses financieros de la Unión Europea y a la lucha contra la corrupción política.
El informe subraya la correcta intervención de las acusaciones populares en casos de relevancia pública. Se mencionan casos emblemáticos cuyas acusaciones han sido aceptadas por los tribunales.
Además, la APM llama la atención sobre el contexto en el que se presenta esta propuesta. El partido político detrás de la reforma parece haber asumido la retórica del "lawfare", acusando a jueces y magistrados de llevar a cabo investigaciones abusivas.
Algunos de sus líderes han llegado a interponer querellas por prevaricación judicial contra magistrados, incluyendo al juez Juan Carlos Peinado, quien investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez. Las querellas presentadas fueron inadmitidas a trámite, respaldadas por un sustento jurídico sólido.
Ante esta situación, la APM subraya que la reforma podría evidenciar una desconfianza hacia la judicatura. Además, según la práctica jurisdiccional, los casos en los que se ha decidido la pérdida de la fianza para evitar querellas temerarias son extremadamente raros.
