
Esta es la disparatada propuesta de SUMAR para crear un banco estatal de tierras
El partido de Yolanda Díaz propone transferir fincas privadas al Estado en nombre de la justicia social
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, vuelve a situar a Sumar en el centro del debate agrario. Su formación ha presentado en el Congreso una proposición no de ley para crear un banco público de tierras estatal.
La iniciativa busca incorporar al sector a jóvenes y mujeres mediante la cesión de terrenos privados considerados abandonados o mal explotados.
Los diputados Juan Antonio Valero y Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista, defendieron la propuesta ante la Cámara. Ambos consideran urgente «un marco regulador estatal» que permita gestionar el acceso a tierras en desuso.
La medida se enmarca en el objetivo de Sumar de limitar lo que denominan «acaparamiento de tierras» por parte de grandes fondos internacionales.
El planteamiento de Sumar no se limita a la gestión de terrenos improductivos. Señala directamente a fondos como AXA, TIAA, BlackRock o fondos saudíes.
Según la formación, estos actores han comprado miles de hectáreas en España, desplazando a pequeños agricultores y concentrando la riqueza agrícola en manos de inversores sin vínculos con el territorio.
Para contrarrestar este fenómeno, Sumar quiere impulsar un modelo alternativo basado en «trabajo comunitario autogestionado».
Bajo esta fórmula, los nuevos agricultores serían protagonistas de su actividad sin depender de ayudas externas o préstamos inasumibles. La formación sostiene que este esquema fortalece el tejido social, fomenta la soberanía alimentaria y limita la dependencia financiera de los productores.

La propuesta incluye dotar a los beneficiarios de formación y herramientas. Con ello se pretende crear un sistema sostenible que evite deudas y refuerce la autosuficiencia.
Además, se aplicarían criterios agroecológicos, redes de intercambio de semillas locales y programas para recuperar biodiversidad en cada territorio.
“Soberanía alimentaria” frente a la agricultura intensiva
Sumar asegura que la actual concentración de tierras en manos de fondos extranjeros está orientando el modelo agrario hacia prácticas intensivas y extractivistas.
Denuncian que estas fórmulas agotan los acuíferos, reducen la biodiversidad y generan un impacto ambiental insostenible. Frente a ello, apuestan por un esquema que revitalice las economías locales en base a recursos endógenos.
La «soberanía alimentaria» es otro de los conceptos que el partido introduce en el debate. Con ella defienden que las decisiones sobre qué, cómo y para quién se produce deben recaer en las comunidades locales.
Según Sumar, vincular a jóvenes y mujeres al campo no solo garantiza el relevo generacional, sino también una agricultura conectada con el territorio.
Para poner en marcha este plan, la primera medida consistiría en elaborar un censo de tierras estatales con potencial agrario.
Paralelamente, se crearían registros de terrenos privados abandonados o subexplotados. Una vez identificados, se abrirían negociaciones con sus propietarios para incorporarlos al banco público de tierras.

El tanteo como herramienta estatal
La propuesta de Sumar también incorpora mecanismos legales para que las administraciones puedan intervenir en las compraventas de tierras agrícolas.
Entre ellos, regulaciones sobre el derecho de tanteo y retracto que permitirían al Estado o a las comunidades adquirir terrenos.
El plan se completaría con un grupo de trabajo impulsado por el Ministerio de Agricultura. En él participarían la Federación Española de Municipios y Provincias, sindicatos agrarios, cooperativas y organizaciones ecologistas. Este foro definiría los criterios de gestión y supervisión del banco de tierras.
Además, Sumar propone elaborar en seis meses un informe sobre los efectos de la compra masiva de tierras por fondos de inversión.
Dicho estudio debería realizarse en colaboración con organizaciones agrarias, aportando datos sobre impacto económico, social y ambiental.
Por último, la formación exige al Gobierno «limitar el acaparamiento de tierras» y aprobar reformas legales que fijen topes en la extensión de explotaciones adquiridas por fondos internacionales.
Con ello, buscan blindar la propiedad agrícola frente a actores externos y consolidar un modelo en el que la tierra tenga un verdadero carácter social.
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