Begoña Gómez y su asesora imputadas por presunta malversación de fondos públicos

El Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid ha citado oficialmente a Begoña Gómez y a su asesora, Cristina Álvarez Rodríguez, como investigadas.

Se les atribuye presunta malversación de caudales públicos al constatar indicios de que Álvarez habría desempeñado funciones privadas para la cátedra dirigida por Gómez. Todo ello mientras percibía un sueldo público. Álvarez deberá comparecer el 10 de septiembre de 2025 y Gómez el 11 de septiembre a primera hora.

El auto judicial amplía la investigación iniciada por VOX el 20 de enero de 2025. Ya derivó en diligencias previas por malversación, tráfico de influencias y prevaricación administrativa.

Según la investigación, los recursos públicos habrían sido utilizados para fines privados de manera deliberada. Incluyendo actividades vinculadas a la cátedra de Gómez y su promoción académica.

Álvarez percibía 49.000 euros anuales como asistente de Gómez. Fue nombrada por Presidencia del Gobierno a petición de la esposa del presidente, según declaró ante el juez.

Sin embargo, la investigación apunta a que sus funciones podrían haber superado los límites del cargo, contactando con empresas para asuntos privados de la cátedra.

Correos y comunicaciones bajo investigación

El juez ha solicitado a las compañías acceso a correos electrónicos, códigos fuente y desarrollos vinculados a la cátedra. Así como comunicaciones entre Álvarez y patrocinadores de programas académicos.

Estas diligencias buscan determinar si hubo un desvío de recursos públicos hacia intereses privados.

Diversas figuras del entorno de Moncloa han declarado sin identificar al responsable directo del nombramiento de Álvarez.

Entre ellos, Alfredo González y Félix Bolaños señalaron que las contrataciones se tramitaban a través de la estructura interna del Gobierno. Además, coincidieron con la moción de censura contra Mariano Rajoy, complicando la identificación de responsables concretos.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, también imputado, negó haber participado en el nombramiento y afirmó desconocer posibles irregularidades.

Su declaración se limitó a responder solo a preguntas de su abogado, al encontrarse su imputación recurrida ante la Audiencia Provincial.

La Audiencia ha respaldado la condición de investigada de Álvarez pese a anular su primera declaración como testigo. Considera que pudo exceder sus funciones al favorecer actividades privadas de Gómez con medios públicos. Todo ello respaldado por correos que muestran la gestión de patrocinadores de la cátedra y la relación personal previa entre ambas.

Delitos imputados y expansión del caso

El caso incluye a varios imputados, como el empresario Juan Carlos Barrabés, el rector de la Complutense Joaquín Goyache y el exconsejero Juan José Güemes.

El juez Peinado continúa recabando pruebas para esclarecer si hubo una desviación sistemática de recursos públicos en beneficio privado dentro de la estructura de la Presidencia del Gobierno.

A Begoña Gómez se le imputan presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo profesional y apropiación indebida.

La investigación se centra en la cátedra que dirigía en la Universidad Complutense y en el uso de fondos públicos para fines privados.

Cristina Álvarez también figura en la investigación por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Según el auto, gestionó contactos con empresas colaboradoras de la cátedra, moviéndose en terreno privado con medios públicos, convirtiendo su puesto administrativo en un puente para los intereses privados de Gómez.

El auto subraya que Álvarez no actuó de manera aislada. Lo hizo dentro de una estructura que podría haber institucionalizado la utilización de personal y medios públicos.

La investigación busca determinar si estas acciones se realizaron para favorecer directamente los proyectos y la carrera profesional de Begoña Gómez, utilizando recursos del Estado.