La Diputación de Castellón rechaza que el coste total de la nueva tasa de basura impuesta por el Gobierno recaiga sobre la ciudadanía y exigirá una moratoria
El Gobierno Provincial ha presentado una moción que será debatida el próximo martes 22 de octubre, solicitando que el Gobierno de España reconsidere métodos más flexibles para la implementación de esta tasa. Además, pide que se proporcionen ayudas y recursos financieros a los ayuntamientos, evitando que el coste completo de la nueva tasa de basura afecte exclusivamente a los ciudadanos.
La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, manifestó que esta nueva tasa afectará directamente a los vecinos, generando subidas "desproporcionadas". Muchos ayuntamientos ya han expresado su rechazo, ya que este tributo incrementaría significativamente el coste de la recogida y tratamiento de residuos, llegando a cuadruplicar los recibos actuales en algunos casos.
La moción plantea que la nueva tasa, que será obligatoria a partir de abril de 2025, debe ser implementada de manera gradual y con apoyos financieros para los ayuntamientos. Hasta ahora, los municipios podían optar por cubrir parte del coste del servicio de basura con recursos generales, pero la nueva normativa establece que los ciudadanos deberán asumir la totalidad del gasto, además del impuesto por vertido.
El portavoz del Gobierno Provincial, Héctor Folgado, criticó que esta ley supone una pérdida de la autonomía municipal, ya que obliga a incrementar la tasa incluso en ayuntamientos que tienen la capacidad financiera para cubrir el déficit del servicio. Según la Diputación, la nueva ley no ofrece alternativas para aliviar el impacto económico en los ciudadanos.
Por todo ello, la Diputación de Castellón insta al Gobierno a aplazar la aplicación de la normativa hasta que se definan criterios claros para su implementación, y solicita la creación de métodos de transición y ayudas para evitar que los vecinos carguen con el coste íntegro de la tasa de basura.
