La existencia de distintas versiones de las evaluaciones realizadas durante el proceso de selección para cubrir la plaza de coordinador de actividades musicales de los conservatorios dependientes de la Diputación de Badajoz ha centrado una nueva sesión del juicio que se desarrolla en la Audiencia Provincial de Badajoz.
Según la documentación analizada durante la vista oral, las puntuaciones asignadas a los aspirantes habrían sufrido modificaciones a lo largo del procedimiento. Pese a ello, el resultado final permaneció inalterado: David Sánchez Pérez-Castejón fue el candidato seleccionado para ocupar el puesto.
Las acusaciones populares, representadas por Liberum, Hazte Oír e Iustitia Europa, sostienen que existen discrepancias significativas entre los documentos incorporados al expediente. Parte de estas pruebas proceden de correos electrónicos corporativos intervenidos por la UCO durante la investigación.
Uno de los elementos más controvertidos es un informe fechado el 29 de junio en el que, tras las entrevistas realizadas a los candidatos que seguían en el proceso, se concluía que ninguno de ellos reunía las aptitudes necesarias para desempeñar las funciones directivas asociadas al cargo. De acuerdo con ese documento, todos los aspirantes habrían sido descartados salvo David Sánchez.
Sin embargo, la documentación que finalmente quedó incorporada al expediente presenta una realidad distinta. En ella aparecen seis candidatos declarados aptos después de la fase de entrevistas, aunque la plaza continuó adjudicándose al hermano del presidente del Gobierno.
Durante la sesión, los abogados de las acusaciones pusieron el foco en una cadena de correos electrónicos intercambiada entre responsables del área de Recursos Humanos de la Diputación. En esos mensajes figuraba un archivo con la propuesta de valoración definitiva del proceso. Los letrados consideran que dicho documento pudo haber sido modificado posteriormente con el objetivo de reforzar la apariencia de regularidad del procedimiento.
La correspondencia interna comenzó el 10 de julio, pocos días después de que Podemos denunciara públicamente el caso. En uno de los mensajes, Félix González, jefe del Servicio de Gestión de Recursos Humanos, remitió un documento a José Ramón Suárez Arias acompañado de una frase que llamó la atención de las acusaciones: “Te mando correo por si querrías hacer alguna modificación”. Posteriormente, el correo fue reenviado a Juana Cinta, entonces directora de Recursos Humanos.
Los representantes de Liberum solicitaron la incorporación íntegra de uno de los archivos asociados a esa cadena de mensajes y preguntaron a varios de los testigos por las diferencias existentes entre las distintas valoraciones. Entre ellos se encontraba Julián Expósito Talavera, director del Área de Presidencia de la Diputación, quien manifestó no recordar el contenido concreto de los correos que fueron proyectados durante la vista.
Por su parte, José Ramón Suárez Arias aseguró desconocer cualquier alteración documental. Tras escuchar la lectura íntegra de los mensajes realizada por la acusación, afirmó que no modificó el informe ni tiene constancia de que otra persona lo hiciera.
Las acusaciones consideran que las divergencias entre las distintas actas carecen de una explicación razonable. A su juicio, resulta difícil justificar que una primera valoración descartara a todos los candidatos excepto a David Sánchez y que una versión posterior reconociera la aptitud de otros seis aspirantes sin que cambiara el desenlace final del concurso.
