El rescate de Plus Ultra vuelve a situarse en el centro del debate político y judicial tras conocerse nuevos detalles sobre los gastos asociados al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), el mecanismo creado por el Gobierno durante la pandemia para auxiliar a compañías consideradas estratégicas. La documentación oficial revela que durante 2021 se destinaron cerca de dos millones de euros a servicios de consultoría externa y asesoramiento jurídico vinculados a la gestión de este fondo, incluyendo los procedimientos de rescate empresarial como el de la aerolínea Plus Ultra.
En concreto, los gastos ascendieron a 1.982.000 euros, según refleja la memoria oficial del FASEE. Dicho fondo fue creado en 2020 mediante un real decreto-ley con una dotación inicial de 10.000 millones de euros para apoyar temporalmente a empresas afectadas por la crisis provocada por la pandemia de la covid-19.
La gestión del fondo recayó en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), organismo encargado de analizar las solicitudes de ayuda y ejecutar las operaciones aprobadas por el Consejo Gestor del FASEE y posteriormente autorizadas por el Consejo de Ministros.
Sin embargo, la complejidad técnica y financiera de los expedientes obligó a la SEPI a recurrir a asesoramiento externo especializado. Para ello, la entidad pública formalizó un acuerdo marco que permitió contratar despachos jurídicos y consultoras financieras encargadas de evaluar operaciones, emitir informes y prestar apoyo técnico durante la tramitación de los rescates.
La clave de la controversia reside en la financiación de estos servicios. Según la documentación oficial, fue la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, presidida entonces por la vicepresidenta económica Nadia Calviño, la que autorizó que dichos gastos fueran compensados posteriormente con cargo al propio fondo de rescates.
La normativa establecía que la SEPI podía adelantar los costes derivados de la gestión del FASEE y recuperar posteriormente esas cantidades mediante una compensación económica aprobada por el Ejecutivo. Gracias a este mecanismo, los casi dos millones de euros desembolsados en asesorías y servicios jurídicos terminaron siendo sufragados con recursos procedentes del propio fondo público.
La memoria económica del FASEE detalla que el epígrafe correspondiente a suministros y servicios exteriores incluye tanto los gastos asumidos inicialmente por la SEPI como los contratos de consultoría y asistencia legal necesarios para la ejecución de las operaciones. En total, la cifra alcanzó los 1,982 millones de euros durante el ejercicio 2021.
Otro aspecto relevante es que la financiación del fondo procedía de un crédito extraordinario aprobado por el Gobierno. El real decreto que dio origen al mecanismo establecía una dotación inicial de 10.000 millones de euros respaldada mediante recursos públicos excepcionales destinados a afrontar las consecuencias económicas de la pandemia.
La cuestión adquiere especial relevancia debido a que el rescate de Plus Ultra, aprobado en marzo de 2021 por importe de 53 millones de euros, continúa siendo objeto de controversia política y de investigaciones judiciales. La operación fue una de las más debatidas de cuantas se realizaron a través del FASEE y generó dudas desde distintos ámbitos sobre los criterios empleados para considerar estratégica a la aerolínea.
Aunque los gastos de consultoría formaban parte del funcionamiento ordinario del fondo y estaban previstos legalmente, la revelación de que casi dos millones de euros fueron destinados a asesorías externas añade un nuevo elemento de análisis sobre el coste total de la gestión de los rescates empresariales aprobados durante la pandemia.
