La publicación de las comunicaciones previas a la crisis de Ceuta ya tiene consecuencias en la Delegación del Gobierno. Gonzalo Sanz, jefe de Gabinete del delegado, ha presentado su dimisión en plena polémica por la información que el CNI trasladó antes de la llegada masiva de inmigrantes de finales de julio.
La dimisión llega después de que dentro del propio PSOE ceutí se cuestionara abiertamente la continuidad del responsable. El secretario de Organización de los socialistas en la ciudad, Antonio Coronil, había asegurado que la confianza entre el delegado y su jefe de Gabinete estaba «quebrada» y reclamaba consecuencias.
No existe, por ahora, confirmación oficial de la Delegación del Gobierno sobre la salida. Tampoco las fuentes ministeriales citadas por The Objective disponían todavía de comunicación formal sobre la decisión.
El origen de la controversia está en lo ocurrido durante las horas anteriores al 30 de julio. La documentación desclasificada por el Gobierno ha sacado a la luz que el CNI manejaba información sobre llamamientos difundidos en redes para intentar acceder a Ceuta por tierra y por mar.
El origen de la controversia está en lo ocurrido durante las horas anteriores al 30 de julio.
Uno de esos mensajes hablaba expresamente de un "asalto por valla y mar" previsto para las 20.00 horas del día siguiente. Los canales desde los que se estaban promoviendo las convocatorias acumulaban, de acuerdo con la información trasladada entonces, unos 180.000 seguidores.
Parte de esos datos llegó hasta el entorno directo del delegado del Gobierno. Durante el 29 de julio hubo intercambios de mensajes con Inteligencia y, ya por la noche, se produjo una comunicación telefónica de 11 minutos.
Pero la información conocida esta semana dibuja un circuito de avisos más amplio. El CNI también mantuvo contactos con la UCE-3 de la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional. Por tanto, las referencias a una movilización prevista para el día siguiente circulaban por diferentes estructuras relacionadas con la seguridad y el control fronterizo.
Este escenario ha reabierto las dudas sobre las explicaciones ofrecidas desde Ceuta después de la crisis. El 25 de agosto, la Delegación del Gobierno negó haber recibido avisos en respuesta a las declaraciones de Margarita Robles, que había defendido ante el Congreso que sí existieron advertencias previas.
El delegado, Miguel Ángel Pérez Triano, mantiene una interpretación diferente de los documentos ahora conocidos. Argumenta que recibir información no equivale a recibir una alerta formal y sostiene que las comunicaciones anteriores únicamente advertían de un contexto migratorio complicado, pero no permitían anticipar unas entradas de las dimensiones que finalmente se registraron.
También ha evitado detallar qué se trató durante los 11 minutos de conversación con el CNI. Tras hablar con su subordinado, Pérez Triano aseguró que únicamente conocía de manera «parcial» el contenido y encuadró el contacto dentro del intercambio habitual de información.
La Delegación sostiene además que, ante el empeoramiento de la situación migratoria, trasladó información a distintos departamentos del Gobierno y solicitó medios adicionales.
La controversia ha cambiado, sin embargo, desde que Moncloa hizo públicos los documentos. Ya no se discute únicamente si existía preocupación por la presión migratoria, sino qué conocimiento tuvieron los diferentes organismos de una convocatoria concreta para acceder a Ceuta y cómo se gestionaron esas comunicaciones.
