Morant de intentó vender como un logro propio una decisión que ni siquiera está en sus manos ha quedado desmontado por el CGPJ y el TSJCV
Diana Morant, desautorizada por el Poder Judicial tras anunciar refuerzos sin competencias
El choque entre el Gobierno y el Poder Judicial ha vuelto a quedar en evidencia, esta vez con la ministra de Ciencia y secretaria del PSPV, Diana Morant, como protagonista. La dirigente socialista, sin competencias en materia judicial, anunció este domingo el refuerzo del juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja para atender la investigación sobre la gestión de la DANA. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desmintieron horas después su versión y le recordaron que estas decisiones son competencia exclusiva del CGPJ.
Morant aseguró durante su visita a la falla Albufera de Catarroja que "en los próximos días" se incorporaría un nuevo juez al juzgado, liberando completamente a la titular para centrarse en la causa. Además, presentó este refuerzo como "un compromiso más del Gobierno de España para fortalecer todas las instituciones" en la gestión de la tragedia. Sus declaraciones, sin embargo, fueron rápidamente rebatidas por el CGPJ, que le recordó que la aprobación de estas medidas no depende del Ejecutivo, sino de los órganos judiciales.
Un desmentido contundente
El CGPJ, a través de un comunicado difundido por el TSJCV, aclaró que "la adopción de medidas de refuerzo en la titularidad de los órganos judiciales es competencia exclusiva del CGPJ, tal y como establece el artículo 216 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial". Además, subrayó que la medida aún no está aprobada y que deberá ser evaluada por la Comisión Permanente del CGPJ en su reunión del próximo martes 18 de marzo.
El TSJCV también dejó claro que la propuesta de refuerzo partió de la Sala de Gobierno del tribunal autonómico, que en su momento solicitó la autorización económica del Ministerio de Justicia. "La aprobación de esas medidas por parte del CGPJ precisa de la autorización económica previa del Ministerio de Justicia, quien únicamente podrá oponerse por razones de disponibilidad presupuestaria", matizó el comunicado, desmintiendo así la versión de Morant sobre la inmediatez del refuerzo.
Un discurso politizado en plena instrucción
Más allá del intento de apropiación de competencias ajenas, la ministra de Ciencia aprovechó su intervención para cargar contra el Gobierno autonómico de Carlos Mazón, en un momento en el que la investigación judicial sobre la DANA sigue en una fase incipiente. "Se pudieron tomar decisiones políticas que podrían haber salvado vidas. Se pudo hacer más para alertar a la ciudadanía de lo que venía para que se protegiera", declaró Morant, ignorando que la propia jueza ha rechazado, por ahora, las imputaciones a responsables de organismos estatales como la Aemet o la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), dependientes del Gobierno central.
El discurso de Morant no se detuvo ahí. La ministra vinculó la gestión de la DANA con la necesidad de un cambio político en la Comunidad Valenciana, pidiendo directamente la dimisión de Carlos Mazón y elecciones anticipadas. "En democracia no hay herramienta más potente que la voz del pueblo, por eso pedimos elecciones anticipadas", proclamó la socialista valenciana.
Un nuevo revés para el Ejecutivo
Este episodio se suma a otros desencuentros entre el Gobierno central y el Poder Judicial, evidenciando nuevamente la tensión entre ambos poderes. El intento de Morant de vender como un logro propio una decisión que ni siquiera está en sus manos ha quedado desmontado por el CGPJ y el TSJCV, dejando en evidencia la falta de rigor en sus declaraciones.
Con la instrucción de la causa de la DANA aún abierta, el intento del PSOE de politizar la tragedia y utilizarla como ariete contra el Consell de Mazón no solo ha sido desautorizado por el Poder Judicial, sino que deja en entredicho la estrategia del Gobierno en su enfrentamiento con la Generalitat Valenciana.
