La descabellada cantidad de dinero que Sánchez dio a Marruecos enciende las alarmas

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha dado un paso significativo en las relaciones con Marruecos al anunciar un incremento de  1.000 millones de euros en ayudas y créditos. Todo ello, destinado al país norteafricano.

Esta decisión, presentada como una apuesta estratégica para reforzar los lazos bilaterales, busca consolidar la posición de España como un aliado clave en el Magreb. Al tiempo que se promueve el desarrollo económico y social en la región.

La complacencia de Sánchez con Mohamed VI genera bastante indignación entre los españoles.  Esto, ya que ven cómo el Gobierno dona millones de euros a  Marruecos mientras las víctimas de la DANA y del volcán de La Palma, han sido olvidados.

Según fuentes gubernamentales, los fondos se dirigirán a financiar proyectos de cooperación en áreas como infraestructuras, energías renovables y educación, con el objetivo de generar beneficios mutuos a largo plazo.

La medida llega en un momento en el que las relaciones entre España y Marruecos han experimentado altibajos,  marcados por tensiones migratorias y disputas diplomáticas en el pasado reciente.

Sin embargo, el Ejecutivo de Sánchez parece decidido a priorizar una política de acercamiento, apostando por la estabilidad y el fortalecimiento de la colaboración económica como pilares fundamentales. Aunque es muy curioso, ya que la "colaboración" parece ser unilateral, de España a Marruecos, y nada más.

Este aumento en la inversión se suma a otros compromisos previos,  elevando el volumen total de apoyo financiero  que  España dedica a su vecino del sur.

No obstante, el anuncio no ha estado exento de polémica. Diversos sectores de la sociedad y la oposición han cuestionado  la conveniencia de destinar una suma tan elevada a  Marruecos en un contexto de retos internos. Entre estos, como el desempleo o la inflación, que afectan a la ciudadanía española.

Críticos argumentan que el Gobierno debería centrarse en atender las necesidades domésticas antes de comprometer recursos significativos en el exterior.

Este debate pone de manifiesto las tensiones entre la política exterior y las prioridades nacionales, mientras el plan avanza hacia su implementación.