Denuncian la 'ley de nietos' de Sánchez ante la Junta Electoral Central por una presunta manipulación del censo

La adscripción provincial de los nuevos electores residentes en el extranjero es el principal motivo de la denuncia que Iustitia Europa ha presentado ante la Junta Electoral Central (JEC). La formación reclama una revisión exhaustiva de las incorporaciones al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) derivadas de la denominada "ley de nietos", al considerar que el actual sistema carece de la transparencia necesaria para garantizar la integridad del proceso electoral.

En concreto, el partido solicita que la Oficina del Censo Electoral detalle las altas producidas al amparo de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, indicando la provincia a la que ha sido adscrito cada nuevo elector, el expediente que sustenta esa decisión, el consulado que la ha tramitado y la documentación utilizada para justificar dicha vinculación territorial. A su juicio, solo así podrá descartarse que exista una concentración artificial de votos en determinadas circunscripciones donde un reducido número de papeletas puede resultar decisivo para el reparto de escaños.

El presidente de Iustitia Europa, el abogado Luis María Pardo, ha defendido que el procedimiento debe ser completamente transparente. "El censo no puede ser una caja negra", afirma. En su opinión, la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se están incorporando cientos de miles de nuevos votantes desde el extranjero y cuáles son los criterios utilizados para asignarlos a una provincia concreta, dado que el sistema electoral español distribuye los diputados por circunscripciones provinciales.

La denuncia también pone el foco en el fuerte crecimiento del censo de españoles residentes fuera del país. De acuerdo con los datos analizados por el equipo jurídico de la formación, a 1 de enero de 2026 el número de inscritos en el CERA ascendía a 3.202.002 personas, lo que supone un incremento del 5,1 % respecto al año anterior. Para Iustitia Europa, esta evolución está directamente relacionada con los expedientes de nacionalidad tramitados al amparo de la Ley de Memoria Democrática, una norma concebida para reconocer el derecho a la nacionalidad de los descendientes de españoles afectados por la Guerra Civil y el franquismo.

Según sostiene el partido, el elevado volumen de solicitudes ha provocado una importante sobrecarga de trabajo en varios consulados, especialmente en Argentina, Brasil y Cuba. Esa situación, advierte, dificulta una comprobación rigurosa de los expedientes y podría favorecer la inscripción de nuevos electores sin un control suficiente. Por este motivo, considera necesario reforzar la supervisión sobre las incorporaciones al censo y verificar que cada alta cumple plenamente con los requisitos legales.

En el escrito remitido a la Junta Electoral Central, la formación fundamenta su petición en las competencias que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General atribuye a este órgano para velar por la transparencia, la objetividad y la igualdad en los procesos electorales. Asimismo, recuerda que la Oficina del Censo Electoral tiene la obligación de garantizar la correcta elaboración y actualización del censo, por lo que entiende que procede una fiscalización específica de las nuevas altas vinculadas a la Ley 20/2022.

Con esta iniciativa, Iustitia Europa sostiene que no cuestiona el reconocimiento de la nacionalidad a quienes tengan derecho a ella, sino la necesidad de asegurar que la incorporación de esos nuevos ciudadanos al censo electoral se realice con todas las garantías legales y con plena trazabilidad administrativa, evitando cualquier duda sobre la limpieza y fiabilidad del sistema electoral.