La reforma de acceso al funcionariado impulsada por Sánchez ha llegado a Bruselas tras ser denunciada por el Partido Popular Europeo. El nuevo modelo plantea un sistema con máster obligatorio y elimina pruebas anónimas, lo que podría favorecer el enchufismo político.
El ministro Óscar López presentó esta semana un modelo que sustituye el sistema clásico por un acceso mediante formación específica.
Los aspirantes a A1 y A2 harán una prueba inicial para acceder a un máster de dos años que concluirá con un examen final selectivo. Se ofertarán más plazas que vacantes, pero solo obtendrán plaza quienes superen con mejor nota el proceso y el posgrado completo.
Dolors Montserrat, vicepresidenta del PPE, ha advertido a la Comisión Europea del riesgo de favoritismo en este sistema de acceso.
La denuncia señala que la reforma puede vulnerar la Directiva 2000/78/CE sobre igualdad de trato en el empleo y el artículo 41. También se alerta de que el nuevo sistema rompe con los criterios meritocráticos al eliminar el anonimato en las evaluaciones.
El PPE ha presentado una pregunta parlamentaria ante Bruselas sobre si el nuevo sistema vulnera el Derecho de la Unión Europea. La Comisión deberá pronunciarse sobre si la reforma de Sánchez es compatible con los principios de buena administración europeos.
Según el PP europeo, la exigencia de un máster previo es una barrera que podría impedir la movilidad en el mercado laboral común. Se trataría de una ruptura con la Directiva 2005/36/CE que garantiza el reconocimiento de cualificaciones entre Estados miembros.
