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Dos hombres en una conferencia de prensa, uno con cabello rizado y chaqueta oscura, el otro con gafas y corbata roja, ambos frente a micrófonos.
POLÍTICA

La denuncia del Tribunal de Cuentas sobre la información de las vacunas en pandemia

Casi cinco años después de la covid y cuatro del inicio de la vacunación, el órgano fiscalizador publica un informe

Durante la pandemia, la información sobre las vacunas presentaba numerosos problemas. Era "dispersa", "desfasada", "heterogénea" y con una clara "deficiencia en coordinación".

Además, había dificultades de "interoperabilidad" entre las comunidades autónomas. La información era "limitada" y los sistemas usados eran "manifiestamente mejorables", con "errores significativos" y sin "funcionalidades fiables".

Estas son algunas de las conclusiones extraídas del Informe de Fiscalización de los Sistemas de Información de Sanidad y Salud Pública. Que revisa los años 2019, 2020 y 2021. Este documento fue aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 25 de marzo y se ha remitido a las Cortes.

Hombre con camisa azul hablando en una conferencia de prensa con un micrófono y sosteniendo un bolígrafo rojo.

La publicación coincide con dos momentos clave: cinco años desde el inicio de la covid y cuatro desde el comienzo de las campañas de vacunación.

El informe también analiza cómo funcionaban los sistemas de vigilancia epidemiológica, de alerta y emergencia. Los mecanismos de seguimiento, la toma de decisiones, Sanidad Exterior y la gestión de los sistemas de información.

El Tribunal de Cuentas inició esta fiscalización por iniciativa propia. La incluyó en su Programa de Fiscalizaciones para 2021, dentro del apartado sobre la Administración General del Estado (AGE) y sus organismos dependientes. Esta acción se enmarca en el Plan Estratégico del Tribunal de Cuentas 2018-2021.

La revisión incluyó a la Secretaría de Estado de Sanidad del MSND. También al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), ambos bajo esa Secretaría. Además, se fiscalizó a la Secretaría General de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud.

Hombre con gafas y traje azul posando con los brazos cruzados en un entorno al aire libre.

Situación deficitaria

El informe refleja que la situación inicial era claramente deficitaria. Cuando empezó la pandemia, el Ministerio de Sanidad no contaba con un registro estatal de vacunación. Tampoco se había incluido esta información en el proyecto de Historia Clínica Digital Interoperable.

Por eso, los ciudadanos tenían que presentar sus documentos de vacunación si eran atendidos en otra comunidad autónoma. En ese momento, el Ministerio solo manejaba datos estadísticos sobre tasas de cobertura. Eso no permitía hacer análisis más profundos de los programas de vacunación.

Los informes internos de la Dirección General de Salud Pública, elaborados para la Ponencia de Vacunas, también revelan varios problemas. Existía una "heterogeneidad en los sistemas de información de las comunidades autónomas", tanto en los registros, como en quién era responsable de su gestión.

También variaba el grado de interoperabilidad. Todo esto "dificultaba la interoperabilidad entre los distintos sistemas de información involucrados. Y suponían un obstáculo para el desarrollo de herramientas.

Unas que permitieran que el ciudadano y los servicios autonómicos de salud pudieran disponer de esta información en línea en caso de que fuera preciso".

Además, la Dirección General de Salud Pública

Solo podía producir una información con limitaciones y con desfase temporal. Que no permitía explorar posibilidades de análisis más completos y detallados para fundamentar medidas de planificación de vacunación.

En 2020, los datos de vacunación llegaban tarde al Ministerio. Las comunidades autónomas enviaban la información con retraso y usando criterios distintos. Por si fuera poco, el Ministerio no tenía mecanismos para reclamar esos datos cuando no se remitían.

También había vacíos importantes. No se incluían las vacunas administradas en centros privados ni las aplicadas en los Centros de Vacunación de Sanidad Exterior.

Esto generaba una "deficiencia de coordinación". Como consecuencia, la Dirección General de Salud Pública "solo podía producir una información con limitaciones y con desfase temporal."

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