El magistrado que instruye la causa relacionada con Begoña Gómez ha llamado a declarar como investigado al actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre. Esto, por su supuesta implicación en la contratación de la asistente de la esposa del presidente del Gobierno.
En su etapa como secretario general de la Presidencia, Aguirre ocupaba un puesto de responsabilidad directa sobre Cristina Álvarez Rodríguez. Según se recoge en una resolución judicial a la que ha tenido acceso El Confidencial.
El juez Peinado imputa al delegado del Gobierno en Madrid por la contratación de la asesora de Begoña Gómez
El juez Juan Carlos Peinado, encargado de la investigación sobre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha imputado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre. Esto, por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Esta decisión se enmarca en la causa que indaga posibles irregularidades relacionadas con la contratación de Cristina Álvarez, asesora de Moncloa. La misma que asistía a Gómez en sus actividades. Según fuentes judiciales, Martín Aguirre deberá declarar como investigado el próximo 14 de mayo.
La imputación se deriva de una pieza separada abierta por Peinado para investigar el nombramiento de Álvarez. La que fue contratada en 2018 como asesora de confianza de Gómez con un salario anual de 49.000 euros. El juez sospecha que este cargo pudo implicar un uso indebido de fondos públicos, dado que Álvarez, según su declaración, gestionaba la agenda pública y privada de Gómez.
Además, Álvarez también participó en correos relacionados con la cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense. La que estaba codirigida por la mujer de Sánchez. En dichos correos, Álvarez solicitó a empresas como Reale Seguros que continuaran patrocinios, lo que ha levantado sospechas de tráfico de influencias.
El caso ha generado un fuerte revuelo político. Posts en X reflejan la polarización: algunos usuarios califican la imputación como un "escándalo de corrupción" y exigen responsabilidades, mientras otros la ven como una persecución judicial contra el Gobierno. Además de Martín Aguirre, Peinado ha citado como testigos a varios cargos relacionados con el nombramiento de Álvarez, incluyendo al ministro Félix Bolaños, para esclarecer las circunstancias de su contratación.
Esta nueva imputación se suma a las ya existentes contra Gómez por tráfico de influencias, corrupción, apropiación indebida e intrusismo. Así como a otros investigados como el exconsejero madrileño Juan José Güemes. La investigación, que también ha sido criticada por la defensa de Gómez como "prospectiva", sigue abierta y promete mantener el foco mediático en los próximos meses.
