La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha vuelto a quedar en el centro de la controversia tras sus declaraciones sobre la gestión de la emergencia provocada por la DANA del pasado 29 de octubre. Bernabé ha insistido en que la reunión del CECOPI (Centro de Coordinación Operativa Integrada) se convocó de manera exclusivamente telemática, sin embargo, el propio documento de convocatoria indica que la asistencia podía ser tanto presencial como virtual en el Centro de La Eliana.
Las explicaciones de la delegada del Gobierno han sido recibidas con escepticismo, ya que su llegada al centro de emergencias no se produjo hasta las seis de la mañana del 30 de octubre, diez horas después del envío de la alerta. En su intento de justificar esta ausencia, ha remitido un documento en el que se señala expresamente el lugar de celebración de la reunión, lo que contradice su argumento.
Otro punto de fricción en esta polémica es el papel de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en la gestión de la crisis. Bernabé ha minimizado su implicación en el CECOPI, pese a que el Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones de la Comunidad Valenciana establece que el presidente de la CHJ, Miguel Polo, forma parte del comité asesor del comité de dirección de este organismo. Además, el plan indica que su presencia es obligatoria cuando se activan planes de emergencia de presas en escenarios de nivel 2 o 3, como ocurrió con la presa de Forata el 29 de octubre.
Las críticas a Bernabé también apuntan a su papel dentro del propio CECOPI. Como delegada del Gobierno, era responsable de movilizar los recursos de la Administración General del Estado, incluyendo los cuerpos y fuerzas de seguridad, para afrontar la emergencia. Sin embargo, su actuación ha sido cuestionada por la falta de una respuesta rápida y coordinada en las horas críticas del episodio de lluvias torrenciales.
A esto se suma la controversia por sus afirmaciones sobre el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Bernabé aseguró que lo vio en la reunión del CECOPI antes del envío del mensaje de alerta, algo que ha sido desmentido con documentación oficial. También señaló que la alerta se retrasó porque Mazón necesitaba explicaciones antes de tomar decisiones, una afirmación que ha sido refutada por la cronología de los hechos.
La credibilidad de la delegada del Gobierno ha quedado en entredicho tras estos episodios. Sus declaraciones han generado un clima de tensión política en el que desde distintos sectores se le exige que aclare los motivos por los cuales ha ofrecido una versión que no se corresponde con los hechos comprobados.
