La dirigente venezolana le acusa de un presunto delito de injurias tras las declaraciones del empresario sobre un supuesto sobre de PDVSA destinado al Partido Socialista.
El empresario Víctor de Aldama está citado el próximo 16 de julio en el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid para un acto de conciliación previo a la presentación de una querella por parte de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien le acusa de un presunto delito de injurias. La dirigente venezolana responde así a las declaraciones en las que Aldama aseguró que fue ella quien le entregó un sobre de Petróleos de Venezuela (PDVSA) que, según sostuvo, estaría relacionado con una supuesta financiación irregular del PSOE.
La comparecencia constituye un trámite previo obligatorio antes de la interposición de la querella. Ni Aldama ni Rodríguez están obligados a acudir personalmente, ya que ambos podrán estar representados por sus respectivos abogados durante el intento de conciliación.
Rodríguez ha encargado su defensa al despacho Ilocad, dirigido por el exjuez Baltasar Garzón, desde donde exigen al empresario que rectifique públicamente y retire las afirmaciones realizadas en distintos programas de televisión, al considerar que dañan gravemente su honor.
Delcy Rodríguez lleva a Aldama ante la Justicia el 16 de julio por vincularla con la supuesta financiación del PSOE
Las declaraciones de Aldama siguen bajo la lupa judicial
Las manifestaciones del empresario se producen en paralelo a la investigación que dirige el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno sobre una posible financiación irregular del PSOE dentro de una pieza separada del denominado caso Koldo, declarada secreta.
En el marco de esa investigación, el juez analiza diversa documentación aportada por Aldama, entre ella un vídeo en el que aparecen varias maletas embaladas en color verde y que, según distintas informaciones, podrían corresponder al equipaje con el que Delcy Rodríguez llegó a España en enero de 2020.
La querella impulsada por la dirigente venezolana abre un nuevo frente judicial para Aldama, una de las figuras centrales de las investigaciones que afectan al entorno del Gobierno. Mientras la Audiencia Nacional continúa analizando la documentación aportada por el empresario, las acusaciones cruzadas entre ambos trasladan ahora el conflicto al ámbito civil y penal, donde será la Justicia la que determine si las declaraciones del empresario estaban amparadas por la libertad de expresión o constituyen un ataque ilegítimo al honor de la dirigente venezolana.
