El último movimiento del Gobierno de Pedro Sánchez en materia migratoria ha vuelto a encender el debate público. Bajo la promesa de ordenar y dar seguridad jurídica a miles de personas en situación irregular, el Ejecutivo ha impulsado una regularización extraordinaria que, lejos de despejar dudas, ha abierto nuevas preguntas. Y no son precisamente menores.
Desde Moncloa se ha insistido en combatir lo que denomina “bulos”, una estrategia que ya se ha convertido en seña de identidad del actual Gobierno. Sin embargo, en esta ocasión la ofensiva comunicativa parece haber ido por delante de las explicaciones. Porque más allá del ruido en redes sociales, lo que preocupa es la letra pequeña de las decisiones adoptadas.
El problema no es tanto lo que se dice, sino lo que no se aclara. En un asunto tan sensible como la inmigración y los antecedentes penales, cualquier ambigüedad pesa. Y en este caso, las hay. Especialmente cuando aparecen conceptos jurídicos abiertos a interpretación que podrían cambiar por completo el alcance real de la medida.
Un decreto con más dudas que respuestas
El conocido ya como ‘decretazo’ migratorio nació con vocación de solución, pero ha terminado generando incertidumbre. Una de las primeras alarmas saltó con la posibilidad de acreditar la ausencia de antecedentes penales mediante una simple declaración responsable, una fórmula que, aunque matizada después, dejó una sensación de ligereza difícil de ignorar.
No es una crítica cualquiera. El propio Consejo de Estado advirtió de los riesgos de aplicar este tipo de mecanismos en un proceso masivo. Habló de falta de rigor y de la posibilidad de prácticas poco fiables. Es decir, cuestionó directamente la solidez del sistema planteado por el Ejecutivo.
