La investigación sobre el exministro de Transportes José Luis Ábalos entra en una fase clave en el Tribunal Supremo con la comparecencia de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Una decena de efectivos exponen este lunes las bases del trabajo policial que ha desembocado en el juicio por presunta corrupción.
La causa, centrada en supuestos amaños de contratos de mascarillas durante la pandemia, implica también a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama. El proceso judicial alcanza ya su cuarta semana, con un calendario que prevé la declaración de los acusados en los próximos días.
La comparecencia de los agentes llega en un momento especialmente delicado, marcado por el choque entre la acusación y las defensas. Mientras la Fiscalía sostiene la existencia de una trama estructurada, los abogados de los investigados intentan cuestionar la validez de las pruebas y el desarrollo de la investigación.
La UCO expone el papel clave atribuido a Ábalos
Durante su intervención, los agentes han detallado los informes elaborados a lo largo de la investigación, subrayando el “papel relevante y de responsabilidad” que atribuyen a Ábalos dentro de la presunta trama. Según la UCO, el exministro habría sido una figura central en el entramado investigado.
Los investigadores han explicado también la existencia de supuestos pagos realizados por Aldama a Koldo García, así como otras contraprestaciones que, según su análisis, habrían servido para facilitar el acceso al entonces ministro. En este contexto, se ha hecho referencia a Ábalos como una figura clave dentro del circuito de decisiones.
Entre los elementos analizados destacan operaciones como la compra de un inmueble en Cádiz por parte de un socio vinculado a la trama o el pago del alquiler de una vivienda relacionada con el entorno personal del exministro. Estos aspectos forman parte del núcleo de la acusación presentada por la Fiscalía.
Las defensas preparan una ofensiva contra la investigación
La intervención de los agentes se produce bajo la atenta mirada de las defensas, que prevén centrar sus interrogatorios en cuestionar la solidez de la investigación. Entre los puntos que pretenden poner en duda figuran los registros practicados y la cadena de custodia del material intervenido.
Este pulso jurídico marca el desarrollo de una fase decisiva del juicio, en la que se espera que los acusados den su versión de los hechos en las próximas sesiones. Sus declaraciones serán clave para determinar el alcance de las responsabilidades.
La Fiscalía Anticorrupción mantiene su petición de penas, que alcanza los 24 años de prisión para Ábalos y los 19 años y medio para Koldo García. Por su parte, Aldama se enfrenta a una condena menor tras haber colaborado con la Justicia, en un proceso que sigue generando gran expectación política y judicial.
