La tesis de que la investigación del caso Plus Ultra responde a una maniobra de lawfare afronta un nuevo escenario después de que varios de los principales implicados hayan decidido colaborar con la Justicia. El cambio de posición se produce antes incluso de que se resuelvan definitivamente las impugnaciones presentadas contra algunas de las pruebas incorporadas al procedimiento.
El empresario Julio Martínez Martínez, vinculado económicamente a José Luis Rodríguez Zapatero, figura entre quienes habrían reconocido los hechos investigados. A este movimiento se habrían sumado también el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola; el consejero delegado de la aerolínea, Roberto Roselli; y la propia compañía.
La decisión supone un golpe a una de las líneas utilizadas hasta ahora para cuestionar la investigación. Las defensas habían centrado parte de sus esfuerzos en intentar excluir determinadas pruebas del procedimiento, alegando posibles irregularidades en su obtención.
La decisión supone un golpe a una de las líneas utilizadas hasta ahora para cuestionar la investigación
Las objeciones afectan, entre otros elementos, a un teléfono del accionista venezolano de Plus Ultra Rodolfo Reyes, intervenido en un aeropuerto de Estados Unidos, y al análisis del móvil del abogado Miguel Palomero. Pese a que la Audiencia Nacional todavía debe pronunciarse sobre los recursos relacionados con estas cuestiones, los investigados que ahora colaboran habrían optado por no esperar a conocer el resultado.
Este giro llega en un momento especialmente delicado para Zapatero. Dos meses antes, agentes de la UDEF se desplazaron hasta su domicilio en Las Rozas para comunicarle que figuraba como investigado por presuntos delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.
Hasta ahora, desde el entorno del expresidente socialista se había tratado de cuestionar el procedimiento poniendo el acento en la supuesta invalidez de parte del material utilizado en las pesquisas. En el plano político, la investigación también había sido presentada bajo la sombra del lawfare, defendiendo la existencia de una utilización de la Justicia con fines políticos.
La decisión de varios implicados de reconocer los hechos y ponerse a disposición de los investigadores cambia ahora el tablero. Sin necesidad de esperar al desenlace de la batalla jurídica sobre la validez de determinadas pruebas, sus testimonios pueden abrir una nueva fase en el procedimiento y complicar la estrategia basada en desacreditar el origen de la investigación.
El avance de la causa deja así a Zapatero ante un escenario judicial diferente al de hace apenas unas semanas y debilita el argumento político del lawfare, precisamente después de que personas situadas dentro de la propia investigación hayan optado por asumir los hechos que se les atribuyen y colaborar con la Justicia.
