El jueves pasado, Jorge Azcón, presidente de Aragón, desestimó de un golpe las acusaciones que lo señalaban como alguien que busca eliminar la Memoria Democrática en su región. Durante toda la semana, el Gobierno de España había estado señalando a los gobiernos autonómicos del PP y Vox, incluido el aragonés. El motivo era por promover leyes "inconstitucionales" en contra de la Memoria Democrática, medidas que serían impugnadas ante el Tribunal Constitucional y organismos internacionales.
Tan pronto como se confirmó este punto por parte de fuentes socialistas, el Gobierno de Azcón respondió con una rápida maniobra. Contrarrestaba los argumentos provenientes de Moncloa: aumentará en un 10% el presupuesto destinado a proyectos relacionados con la memoria histórica.
Estos recursos se destinarán a diferentes actividades. La apertura de fosas para la exhumación de víctimas de la Guerra Civil y el reconocimiento de dichas víctimas son algunas de ellas. Mientras que el anterior gobierno del PSOE dedicaba 100.000 euros a estas iniciativas, el gobierno del PP y Vox destinará 110.000 euros, aunque esto no incluirá la colaboración con asociaciones.
Este mismo viernes, el presidente del gobierno de Aragón dedicó unas palabras para el Gobierno:
"Los aragoneses no nos vamos a dejar engañar. El Partido Socialista confunde los problemas que tiene el Partido Socialista con los independentistas, con la amnistía y con la corrupción con los problemas de la democracia, no".
