Firmaron, anunciaron y celebraron. Luego miraron hacia otro lado. Eso es, en esencia, lo que hizo Compromís con los trabajadores de La Marina de València. El partido de Joan Ribó rubricó en 2017 un convenio colectivo que prometía proteger a toda la plantilla del Consorcio Valencia 2007 en caso de liquidación. Un documento de 60 páginas, presentado a bombo y platillo, que en realidad no valía nada. Nunca fue registrado ante la autoridad laboral. Nunca tuvo validez jurídica. Era, como lo definen en privado algunos de los propios afectados, una estafa.
El responsable directo fue Vicent Llorens, director general del Consorcio y hombre de confianza del entonces alcalde Joan Ribó. Llorens firmó el acta de aprobación del convenio el 9 de mayo de 2017 junto a otros responsables del ente y representantes sindicales. CCOO emitió una nota de prensa celebrándolo. Los trabajadores respiraron tranquilos. Creían tener un seguro de vida: en caso de cambios en el organismo, la subrogación estaba garantizada por los artículos 78 y 79 del convenio. Podrían ser recolocados en el Ayuntamiento de València o en la Autoridad Portuaria.
Nada de eso ocurrió. Cuando llegó la liquidación del Consorcio, la Abogacía del Estado validó la extinción de contratos. El convenio que supuestamente los protegía no tenía ningún amparo legal porque nunca había sido presentado ante la autoridad laboral competente. Parte de la plantilla acabó en el desempleo. Desde dentro señalan a Alicia Gimeno como la persona que tenía la responsabilidad de haber validado ese convenio. La misma Gimeno que acabó colocada en la Autoridad Portuaria y que ahora está siendo investigada.
