EDATV El Consejo de Transparencia obliga a Sánchez a revelar quién le acompañó en sus vacaciones en La Mareta
El gasto total ascendió a 44.975,19 euros, casi el doble de lo reconocido en un primer momento
Pedro Sánchez vuelve a estar en el centro del debate por el uso de La Mareta. El presidente del Gobierno y líder del PSOE afronta ahora un mandato claro: deberá revelar quiénes fueron sus invitados durante sus vacaciones de verano en este palacio de titularidad pública. La transparencia vuelve a golpear a Moncloa.
El Debate ha tenido acceso a un documento que desmonta la versión inicial del Ejecutivo. El gasto total ascendió a 44.975,19 euros, casi el doble de lo reconocido en un primer momento.
Sánchez deberá responder a cuántas personas invitó a La Mareta | Europapress
La cifra incluye 11.322 euros en alojamiento, 22.711 euros en manutención y 10.941 euros en desplazamientos. Todo ello en un complejo cedido al Estado por el rey Juan Carlos I. Y todo ello durante unas vacaciones de más de tres semanas.
La gran pregunta, aún sin respuesta, es evidente: ¿quién disfrutó de esos gastos junto a Sánchez? Moncloa continúa negándose a entregar las facturas. Alega motivos de Seguridad Nacional. La misma Seguridad Nacional que no vio comprometida en episodios como la DANA, el apagón o los incendios del pasado verano.
La resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) cambia el escenario. Según Julio R. Naranjo, asesor de este periódico en acceso a la información pública, el criterio es rotundo.
Presidencia tendrá que hacer pública la lista de acompañantes. El motivo es simple: La Mareta es un bien público financiado con dinero público. Y su uso no puede quedar cubierto por el secretismo.
La política de opacidad de Moncloa sufre un nuevo golpe. Sánchez deberá explicar quién estuvo con él en agosto.
El palacio de La Mareta, el preferido de Sánchez | Redes sociales
Y también deberá detallar el coste real asociado a la presencia de su equipo de seguridad. Un dispositivo tan amplio como controvertido.
Durante los 23 días de descanso del presidente, casi medio centenar de agentes de la Guardia Civil fueron desplazados a Lanzarote. El objetivo era garantizar la seguridad de Sánchez y también la de José Luis Rodríguez Zapatero, que tenía previsto coincidir con él en la isla. Otros medios elevan el número total de efectivos hasta 95 si se incluyen unidades policiales adicionales.
El despliegue generó protestas internas. Asociaciones de guardias civiles denunciaron condiciones indignas, dietas congeladas y situaciones en las que los propios agentes tenían que poner dinero de su bolsillo.
Solo recibían 77 euros diarios para alojamiento y manutención. Una cifra claramente insuficiente en plena temporada alta.
La transparencia vuelve así al primer plano. Y coloca a Sánchez ante una obligación política y ética. La Mareta no es un recurso privado.
Es un bien público destinado a actos institucionales. No puede funcionar como un espacio donde el presidente y líder del PSOE invite a quien quiera sin dar explicaciones.
La resolución del CTBG marca un precedente. Abre una puerta que Moncloa quería mantener cerrada. Y obliga al presidente a aclarar algo esencial: quién se benefició del uso de un palacio público y de un gasto cercano a los 45.000 euros sufragado por todos los españoles.
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