Con Santos Cerdán en prisión estas son las medidas de Sánchez contra la corrupción

Pedro Sánchez se encuentra en boca de todos. Este miércoles, el presidente del Gobierno ha acudido al Congreso de los Diputados. Ha aprovechado para presentar un plan de 15 medidas anticorrupción, de la mano de Sumar y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

El propio Ejecutivo ha calificado la estrategia como un plan "honesto, ambicioso y realista". Esto, mientras su exnúmero 3, exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán se encuentra en prisión por su supuesta implicación en la trama Koldo.

Volviendo con el plan, Sánchez ha anunciado un acuerdo con la OCDE para evaluar sus resultados y eficacia cada 14 y 24 meses. El primer eje está orientado a la prevención de riesgos y al fortalecimiento de los mecanismos de control en materia de corrupción.

Incluye seis medias clave

Creación de una Agencia de Integridad Pública e Independiente, que asumirá funciones esenciales en la prevención, supervisión y persecución de prácticas corruptas. Según el presidente Sánchez, su establecimiento cuenta con el respaldo técnico de la OCDE.

Ampliación de la metodología aplicada a los fondos Next Generation a toda la Administración del Estado. Esta incluye la elaboración de mapas de riesgo e integridad. También el uso de análisis avanzado de datos e inteligencia artificial en la plataforma del sector público para identificar procesos críticos.

Exigencia de sistemas de cumplimiento normativo ('compliance'). Esto, a las empresas que deseen contratar con las administraciones públicas, con el objetivo de asegurar prácticas empresariales éticas y transparentes.

Implementación de pactos de integridad en los contratos públicos, una herramienta ya utilizada en otros países europeos, destinada a fortalecer la transparencia y prevenir irregularidades en la contratación.

Nueva Ley de Administración Abierta, que incluirá la obligación de realizar controles patrimoniales anuales a altos cargos, con el fin de evitar el enriquecimiento indebido.

Refuerzo de los controles sobre los partidos políticos, especialmente sobre las fundaciones que reciban financiación pública superior a 50.000 euros. Estas deberán someterse a auditorías externas y publicarlas, como máximo, un mes después de su realización.

El segundo eje está enfocado en las personas que buscan denunciar cualquier caso de corrupción, alegando que hay que protegerlas. Por otro lado, exige que las empresas y administraciones públicas deberán tener canales de denuncias.

El tercer eje se centra en reforzar la capacidad de "investigar, juzgar y sancionar" por parte del Estado. Por ello, cuenta con tres medidas. En primer lugar, se crearán secciones especializadas en delitos contra la Administración Pública dentro de los nuevos tribunales de instancia, con jueces y juezas especializados.

Además, se otorgará carácter preferente a las causas que involucren a cargos públicos, estableciendo un procedimiento sumario para su tramitación y reforzando de manera continua la Fiscalía Anticorrupción.

Asimismo, el anteproyecto de ley de Enjuiciamiento Criminal incluirá una reforma estructural del modelo de instrucción penal. Esta reforma contempla el endurecimiento de las penas por delitos contra la Administración Pública.

Por otro lado, se establecerá un sistema de exclusión y listas negras que impedirá a las empresas condenadas por corrupción continuar contratando con la Administración. Finalmente, se retirarán las subvenciones a los partidos políticos que mantengan en sus estructuras a personas condenadas por corrupción.

El siguiente punto se centra en la recuperación de los bienes robados por corrupción, aumentando los medios y la plantilla de la oficina de gestión de activos. A esto se suma la incorporación de la figura del decomiso administrativo preventivo, una herramienta que permitirá incautar bienes vinculados a actividades delictivas.

El quinto y último eje del plan está orientado a fomentar una cultura de integridad. Se impulsarán estudios demoscópicos anuales que analicen tanto la percepción como la experiencia directa de la ciudadanía respecto a la corrupción en España. Además, se pondrán en marcha campañas de concienciación dirigidas a la población.

Finalmente, se reforzará la formación de los empleados públicos en materia de integridad y lucha contra la corrupción.