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Un hombre de cabello canoso y barba sentado en una silla, con una imagen circular de otro hombre con barba y gafas en la esquina superior derecha.
POLÍTICA

Un comisario de confianza de Marlaska en la mira por la trama Koldo

El juez que instruye el caso tiene la tarea de decidir si llama a declarar a los hombres cercanos a Marlaska

El avance de la investigación sobre el  "caso Koldo"  ha puesto de nuevo el foco en figuras cercanas al ministro del Interior,  Fernando Grande-Marlaska.

José Antonio Rodríguez, conocido como  "Lenin"  y comisario de la confianza del ministro, ha sido señalado en relación con la adjudicación de contratos. Estos durante la pandemia de COVID-19 a la empresa Soluciones de Gestión, una firma vinculada al fraude fiscal y al cobro de comisiones ilegales.

El inicio de la trama

El "caso Koldo"  comenzó a investigarse por los contratos que el  Ministerio de Transportes otorgó a Soluciones de Gestión. Esta pequeña empresa zaragozana, sin empleados ni experiencia relevante, obtuvo dos contratos millonarios en marzo de 2020 para suministrar mascarillas durante la crisis sanitaria. La adjudicación de estos contratos, por valor de más de  30 millones de euros, levantó sospechas, lo que llevó a la apertura de la investigación.

El vínculo entre el Ministerio del Interior y Soluciones de Gestión surgió cuando Daniel Belmar, ex alto cargo de Interior, declaró ante la Audiencia Nacional.

Un hombre mayor con traje y corbata está sentado en una mesa con documentos, una bandera de España en el fondo y un texto en la pared.

Belmar reveló que José Antonio Rodríguez fue quien le proporcionó el contacto de la empresa, aunque afirmó desconocer cómo Rodríguez obtuvo esa información.  Según Belmar, si Rodríguez le daba la orden, era "como si lo hiciera el ministro", subrayando la confianza que existía entre ambos.

Contradicciones y tensiones judiciales

Las declaraciones de Belmar han sido clave en la investigación, pero también han generado controversia. En su comparecencia ante la Unidad Central Operativa (UCO) en 2022, sus respuestas fueron diferentes a las ofrecidas ante la Audiencia Nacional en fechas recientes.

La acusación popular, ejercida por el partido Vox, ha solicitado que se impute formalmente a Belmar. Alegando claras contradicciones en su testimonio sobre las reuniones interministeriales y la contratación de Soluciones de Gestión.

Por su parte, Rodríguez, quien ocupa actualmente el puesto de director general de Coordinación y Estudios del Ministerio del Interior.  Ha sido identificado como una de las piezas clave en esta trama. La investigación ha revelado que su intervención fue decisiva para que Soluciones de Gestión obtuviera los contratos en cuestión.

¿Cómo se gestó el contrato?

El Ministerio del Interior, y en particular su Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial. Firmó un contrato con Soluciones de Gestión por 3,47 millones de euros el 20 de abril de 2020. El objetivo era suministrar material sanitario a la Secretaría de Estado de Seguridad.

La decisión de contratar con esta empresa fue vista como una continuidad de lo que ya había hecho el Ministerio de Transportes, que había dado luz verde a los primeros contratos.

Dos hombres en traje formal están hablando en una conferencia de prensa frente a un fondo que dice

Sin embargo, las dudas sobre la legalidad de estos procedimientos han puesto en jaque tanto al Ministerio del Interior como a Transportes. La auditoría interna realizada por el Ministerio del Interior no ha sido suficiente para despejar las sospechas. Ya que las gestiones realizadas por Belmar, muchas de ellas telefónicas y sin registros claros, dificultan el esclarecimiento de los hechos.

El futuro de la investigación

El juez que instruye el caso, Ismael Moreno, tiene ahora la tarea de decidir si llama a declarar a "Lenin". Además, al secretario de Estado de Seguridad,  Rafael Pérez Ruiz, otro de  los hombres cercanos a Marlaska. Ambos están bajo la lupa judicial, y sus testimonios podrían aclarar si hubo o no una orden directa del ministro para contratar a la empresa de la trama.

Este caso ha sacudido el Ministerio del Interior y ha generado gran expectación en los medios de comunicación y en el ámbito político. Las comparecencias continuarán en los próximos meses, y se espera que tanto Rodríguez como Pérez tengan que rendir cuentas ante el juez.

La acusación popular también ha solicitado que se cite a otros responsables del Ministerio, como José Manuel Fraile Azpeitia. Quien dirigía la Subdirección de Gestión Económica.

Según la acusación, Fraile podría arrojar más luz sobre cómo se tomaron las decisiones dentro del Ministerio para adjudicar estos contratos. Ya que en su momento declaró que las directrices venían de "arriba" sin posibilidad de maniobra.

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