El estudio será realizado por el Instituto Metrópoli, un consorcio público especializado en investigación urbana financiado por distintas administraciones e instituciones académicas
El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado un gasto de 50.321 euros para elaborar un nuevo informe sobre la percepción de inseguridad en el distrito de Ciudad Vieja, una de las zonas más conflictivas de la capital catalana y donde se encuentran barrios como el Raval, el Barrio Gótico, la Barceloneta o San Pedro, Santa Catalina y la Ribera. El estudio será realizado por el Instituto Metrópoli, un consorcio público especializado en investigación urbana financiado por distintas administraciones e instituciones académicas.
La decisión ha generado críticas por destinar dinero público a analizar una realidad que ya aparece reflejada en informes anteriores y que forma parte de las principales preocupaciones de los vecinos. De hecho, el propio Instituto Metrópoli publicó en 2025 un estudio sobre los 73 barrios de Barcelona en el que ya se concluía que Ciudad Vieja concentraba algunos de los mayores niveles de percepción de inseguridad de toda la ciudad.
Según aquel informe, más del 40% de los residentes del Raval aseguraban no sentirse seguros en su entorno habitual, mientras que el porcentaje superaba el 50% en el barrio de San Pedro, Santa Catalina y la Ribera. Además, el estudio señalaba expresamente al Raval, el entorno de Las Ramblas y la Barceloneta como algunos de los espacios que los ciudadanos identifican con mayores problemas de seguridad.
La oposición cuestiona el gasto y reclama medidas inmediatas
El nuevo análisis pretende profundizar en las causas de esa sensación de inseguridad, pero desde la oposición consideran que el Ayuntamiento vuelve a recurrir a estudios y diagnósticos en lugar de adoptar medidas concretas. La crítica se centra especialmente en el hecho de que la percepción ciudadana ya ha sido medida en repetidas ocasiones y que los resultados llevan años apuntando en la misma dirección.
El portavoz de Vox en el consistorio, Gonzalo de Oro, ha calificado la iniciativa de "insulto a la inteligencia de los barceloneses" y ha defendido que los vecinos no necesitan más encuestas para saber lo que ocurre en sus calles. A su juicio, los recursos públicos deberían destinarse a reforzar la presencia policial y combatir la delincuencia en lugar de financiar nuevos informes.
La polémica llega además en un momento especialmente sensible para Barcelona, donde la seguridad se ha convertido en uno de los principales focos del debate político tras varios episodios violentos registrados en los últimos meses. Mientras el gobierno de Jaume Collboni defiende que disponer de más información permitirá diseñar mejores políticas públicas, sus críticos consideran que el Ayuntamiento vuelve a gastar dinero en confirmar una realidad que los vecinos denuncian desde hace años.
