La CHJ admite que la Ley de la Huerta frenó las obras contra inundaciones en Valencia

Cuatro meses después de la riada que anegó la huerta sur de Valencia, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha reconocido oficialmente que la Ley de la Huerta, impulsada por el anterior gobierno autonómico de Ximo Puig y Compromís, impidió ejecutar las obras de encauzamiento del barranco del Poyo. Esta infraestructura era clave para prevenir inundaciones en municipios como Aldaia, Quart de Poblet y Xirivella, afectados por la DANA.

Este reconocimiento llega en la documentación remitida por la CHJ a la comisión de investigación de la DANA en el Ayuntamiento de Valencia, donde también admite que durante el gobierno de Mariano Rajoy los trámites del proyecto se cumplieron en tiempo y forma. Sin embargo, con la llegada del ejecutivo de Pedro Sánchez, las obras quedaron paralizadas a pesar de contar con todos los requisitos normativos exigidos desde 2010, incluyendo su inclusión en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundaciones (PGRI) y un análisis de coste-beneficio favorable.

En lugar de ejecutar los proyectos ya aprobados, la CHJ, bajo la dirección del Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera y con Miguel Polo como presidente del organismo, optó por iniciar la redacción de nuevos planes. Estas modificaciones introdujeron condicionantes adicionales, como la adaptación al Plan de Acción Territorial de la Huerta de Valencia y criterios de integración paisajística, lo que ha retrasado aún más la puesta en marcha de las obras.

El resultado de esta gestión es que, tras más de 15 años desde que se plantearon las actuaciones y con informes técnicos que avalaban su viabilidad, las infraestructuras clave para evitar riadas siguen sin ejecutarse. La falta de acción de la CHJ y el Ministerio ha dejado sin protección efectiva a los municipios afectados, reavivando el debate sobre la responsabilidad en la gestión de los riesgos de inundación en la Comunidad Valenciana.

La gestión de la CHJ durante la DANA ha sido objeto de críticas por su falta de transparencia. El organismo omitió información clave a la Generalitat Valenciana en las horas críticas de la riada, generando apagones informativos que dificultaron la respuesta de los servicios de emergencia y la coordinación con los ayuntamientos afectados.