La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha anunciado su intención de recurrir el "cupo catalán" ante el Tribunal Constitucional, argumentando que esta medida compromete seriamente la autonomía de los municipios y su financiación. Según Catalá, los ayuntamientos no deberían ser los últimos en recibir los recursos necesarios y ha calificado el sistema actual como injusto, ya que deja a las administraciones locales con apenas los "residuos" tras la distribución de los fondos a las comunidades autónomas.
Catalá también ha criticado que la decisión del Ejecutivo español infringe la Carta Europea de la Autonomía Local, al no haber consultado adecuadamente a los gobiernos municipales. Como respuesta, solicitará al Consejo de Europa que evalúe el comportamiento del Gobierno por esta posible vulneración de los derechos de las entidades locales.
La alcaldesa considera imprescindible una reforma de la Ley de Haciendas Locales para que el cálculo de la financiación de los municipios se realice sobre los ingresos brutos del Estado. De esta manera, se lograría una distribución más justa de los recursos públicos. Además, advirtió sobre el peligro de crear una "competencia desleal y dañina" entre los municipios en busca de fondos, y abogó por una mayor colaboración entre los diferentes niveles de gobierno, promoviendo la cogobernanza como estrategia clave.
Durante su intervención, también resaltó los logros de su administración, que se sustentan en tres ejes fundamentales: la sostenibilidad económica, social y medioambiental. Entre ellos, mencionó la histórica reducción de impuestos aplicada en Valencia, la construcción de viviendas de protección oficial para combatir el problema de la vivienda, y los avances en materia medioambiental, como la candidatura de La Albufera a ser reconocida como Reserva de la Biosfera. Catalá reafirmó su compromiso con una gestión que priorice el bienestar ciudadano y el respeto por el entorno.
