La Fiscalía General del Estado ha cerrado filas con uno de los cambios más profundos que prepara el Gobierno para la Justicia penal: trasladar a los fiscales la dirección de las investigaciones que actualmente corresponde a los jueces de instrucción.
Teresa Peramato ha convertido esta reforma en uno de los principales mensajes de su intervención durante la apertura del Año Judicial. La fiscal general considera que ha llegado el momento de abandonar el actual reparto de funciones y ha respaldado expresamente el modelo contemplado en el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El cambio modificaría de raíz el papel que desempeñan jueces y fiscales durante las primeras fases de un procedimiento. El fiscal pasaría a dirigir las pesquisas, ordenar diligencias y conducir la investigación, mientras que el juez asumiría una posición de garantía y control.
Precisamente esa separación es uno de los argumentos utilizados por Peramato
Precisamente esa separación es uno de los argumentos utilizados por Peramato. La fiscal general sostiene que investigar y autorizar actuaciones que restringen derechos fundamentales no deberían recaer sobre una misma figura. En el sistema que defiende, estas últimas decisiones continuarían sometidas a un juez independiente.
La responsable del Ministerio Público considera que mantener la instrucción judicial responde a un esquema que necesita actualizarse. Ha hablado de una "oportunidad histórica" para transformar una estructura que, según ha señalado, todavía conserva concepciones propias del siglo XIX.
Peramato tampoco ha presentado el cambio únicamente como una posibilidad. Ha calificado la dirección de las investigaciones por parte de la Fiscalía como una "exigencia de racionalidad institucional" y ha asegurado que responde a una antigua aspiración dentro del ámbito jurídico.
El Ministerio Fiscal, por tanto, respalda oficialmente la reforma que tramita el Gobierno. Peramato ha defendido que otros sistemas del entorno español ya conceden al Ministerio Público un protagonismo semejante y considera que ese modelo puede responder mejor a una delincuencia cada vez más compleja.
Pero asumir nuevas competencias implicaría también modificar la propia Fiscalía. La fiscal general ha reconocido que el nuevo escenario debería venir acompañado de una mayor autonomía del Ministerio Fiscal y de cambios en su Estatuto Orgánico.
Su intervención coloca así sobre la mesa un debate que afecta directamente al funcionamiento de los tribunales: quién debe controlar una investigación penal desde su comienzo. Peramato apuesta claramente por retirar esa función al juez instructor para situarla en manos del fiscal, manteniendo al magistrado como garante de derechos y supervisor de la legalidad de las pesquisas.
Durante la apertura del Año Judicial, Peramato también ha anunciado medidas para Ceuta. La Fiscalía de la ciudad recibirá tres nuevos fiscales procedentes de la península después de la crisis registrada a finales de julio.
