Según informan, los dos detenidos han sido trasladados a la comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos
La Guardia Civil ha detenido a Leire Díez, conocida como la “fontanera” del PSOE. Y a Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Además de ser el antiguo hombre de confianza de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Ambos han sido arrestados en el marco de una investigación judicial por presunta corrupción. Dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña y supervisada por la Fiscalía Anticorrupción.
La operación permanece abierta y bajo secreto de sumario. Según informan, los dos detenidos han sido trasladados a la comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos.
La causa analiza diversas actividades relacionadas con la empresa Servinabar, donde Fernández trabajó entre 2021 y 2023. La compañía, propiedad de Antxón Alonso según el Registro Mercantil, aparece vinculada a una revelación clave en la investigación.
La UCO destapó que el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, poseía en la sombra el 45% de la empresa. Todo a través de un contrato privado que no llegó a elevarse a público.
El nombre de Cerdán, ya investigado en otras causas, vuelve así a aparecer en un sumario judicial donde también figura la propia Leire Díez. Esta, afronta otra investigación paralela en el juzgado de instrucción número 9 de Madrid por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.
Díez se presentó durante un tiempo como periodista dedicada a escribir sobre corrupción. Sin embargo, según la Fiscalía, habría actuado presentándose “como representante cualificada del PSOE” con el fin de influir en procedimientos judiciales. El Ministerio Público sostiene que intentaba desacreditar a funcionarios de la Policía Judicial, especialmente a agentes de la UCO, y de la Fiscalía.
El juez investiga si Díez trató de obtener información mediante “beneficios procesales o profesionales” ofrecidos a empresarios o fiscales. En los autos constan al menos tres reuniones documentadas en las que el objetivo habría sido “denigrar” a la UCO y a la Fiscalía Anticorrupción.
Todo para generar nulidades o descrédito en investigaciones oficiales.
Una de esas reuniones tuvo lugar en febrero de este año, en un despacho de Madrid. Allí, —según el sumario— Díez habría intentado convencer al empresario Alejandro Hamlyn para que le proporcionara información negativa sobre Antonio Balas, jefe del departamento de delincuencia económica de la UCO.
La propia Díez declaró ante el juez que también se reunió con Santos Cerdán y con Antonio Hernando, exasesor de Moncloa. Ambos deberán comparecer ante el titular del juzgado por este asunto.
Mientras la operación continúa, estas detenciones añaden un nuevo capítulo a una serie de investigaciones que afectan a figuras del entorno socialista. Un caso que, según avanza la investigación, empieza a mostrar la fragilidad de una estructura que podría haberse sostenido en prácticas opacas durante años.
